—IV-
Mediante el decreto 2609/93 se dispuso la disminución de las contribuciones a cargo de los empleadores sobre la nómina salarial, para las actividades referidas a la producción primaria, industria, construcción, turismo e investigación científica y tecnológica.
Posteriormente, y respecto de las actividades enumeradas en último término, su similar N° 1791/94 limitó el beneficio a las entidades privadas que tengan como objeto principal la investigación científica y tecnológica, aún cuando esté destinada a la actividad académica o doN cente.
Desde mi óptica, entonces, la primera cuestión a dilucidar consiste en establecer si la U.N.C. debe ser considerada como una "entidad privada", a los fines de su encuadramiento en el precepto citado.
En tal sentido, es claro el art. 48 de la ley 24.521, en cuanto establece que las instituciones universitarias nacionales son personas jurídicas de derecho público, que sólo pueden crearse por ley de la Nación, con previsión del crédito presupuestario correspondiente. Su cese también se hará por ley, y tienen asegurado su sostenimiento mediante aportes financieros del Estado Nacional (art. 58).
Aun cuando poseen autarquía económico-financiera, deben acatar la ley de administración financiera y control del sector público nacional (Ne 24.156), de la cual no pueden sustraerse invocando sus normas estatutarias, como sostuvo V.E. en Fallos: 322:910 (cons. 219).
Asimismo, están sujetas al régimen general de contrataciones, responsabilidad patrimonial y gestión de bienes reales (art. 59, inc. 1), y los rectores y miembros de su consejo superior serán responsables por los daños económicos causados, en los términos de los arts. 130 y 131 de la ley 24.156.
En tales condiciones, pienso que la alegada autonomía y autarquía universitaria, garantizada por el art. 75, inc. 19, tercer párrafo, de la Constitución Nacional y con el alcance fijado en Fallos: 319:3148 ; 322:842 , y en especial respecto de la misma U.N.C. en Fallos: 322:919 , cons. 13 y 14, no son aptas para enervar su carácter público y estatal, ontológicamente diverso de las "entidades privadas" a las que se refiere el decreto 1791/94.
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Año: 2004, CSJN Fallos: 327:2439
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