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diario platense para tener un debido conocimiento de los actos gubernamentales en el ámbito local.

13) Que la diversidad de temas que el caso suscita justifica recordar que la Corte ha sostenido que la verdadera esencia del derecho a la libertad deimprenta radica fundamental mente en el reconocimiento de que todos los hombres gozan de la facultad de publicar sus ideas por medio de la prensa sin censura previa, esto es, sin previo control de la autoridad sobre lo que se va a decir (Fallos: 269:189 y 315:632 ), como también que dicha libertad tiene un sentido más amplio que la mera exclusión de esa clase de censura y la protección constitucional debe imponer un manejo especialmente cuidadoso de las normas y drcunstancias relevantes para impedir la obstrucción o entorpecimiento dela prensa libre y de sus funciones esenciales (Fallos: 257:308 y 311:

2553).

14) Que, a luz de tales precedentes, corresponde precisar el alcance de la pretensión de la demandante para determinar cuáles son los derechos supuestamente agraviados por el poder administrador municipal, ya que aquélla no afirma que la comuna platense haya afectadola libertad de prensa en la concepción más literal de esa garantía, pues no existe acto gubernamental dirigido a censurar o reprimir el libre flujo de las ideas que se pretendían difundir, ni ha quedado evidenciado que se presenten en el sub examineactividades perjudiciales parala apelante originadas en el ámbito estatal y proyectadas a afectar el derecho ala libre expresión de las ideas de los editores o periodistas.

15) Que al examinar los temas referidos no debe prescindirse del rango particularmente elevado que la Constitución Nacional ha dado al derecho de expresar las ideas por la prensa (confr. Fallos: 311:2553 y 315:1492 ), lo que no obsta a que deba precisarse que el art. 32 sólo dispone un deber de abstención por parte del Congreso de dictar leyes que restrinjan la libertad de imprenta, mas no establece un derecho explícito o implícito de los medios de prensa a recibir fondos del gobierno estatal, provincial o comunal, ni se impone actividad concreta al Poder Legislativo para promover su desarrollo, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con las disposiciones queresultan del art.75, incs. 11 y 16.

16) Que por ser ello así noes posible imputar ala referida autoridad omisión alguna que hubiese afectado o restringido con ilegalidad

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Año: 1997, CSJN Fallos: 320:1200 
Extraido de : https://universojus.com/csjn/tomo-320/pagina-1200