Anterior ... | Siguiente ...

Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas", considerando 10 y sus citas). En el supuesto de intereses individuales de carácter patrimonial, el actor también debe acreditar, entre otros elementos, que se encuentra comprometido el acceso a la justicia de los interesados por no estar plenamente justificado el ejercicio individual de la acción (conf. "Halabi", considerando 13, último párrafo).

14) Que, consecuentemente, debe concluirse que la AAETA no tiene legitimación procesal para promover la presente demanda.

La actora no actúa para proteger intereses comunes de sus asociados y tampoco ha demostrado el perjuicio personal que le acarrearían las normas impugnadas. Antes bien, procura, la defensa de los intereses individuales de algunos de sus asociados quienes, en definitiva, se verían directamente afectados por las normas impugnadas en autos. A tales efectos, resulta insuficiente la invocación de las cláusulas del estatuto para reconocer legitimación a la asociación como representante de sus socios (Fallos: 330:3836 , pto. IV del dictamen de la señora Procuradora Fiscal al que remitió este Tribunal; Fallos: 343:1259 , considerando 9").

15) Que, por lo demás, aun si por hipótesis se admitiera que el estatuto de la actora puede ser un acto de apoderamiento otorgado por los socios para la defensa de sus derechos puramente individuales (como parece desprenderse de las afirmaciones efectuadas a fs.

2 vta. y 195 y de la cita de los arts. 1869, 1880 y concordantes del Código Civil, en el caso resulta manifiesto que no se han satisfecho las disposiciones que regulan la representación en juicio ante los tribunales federales. En tal sentido, el art. 1° de la ley 10.996 delimita con precisión quiénes pueden ejercer esa representación: abogados, procuradores, escribanos que no ejerzan como tal y quienes ejerzan una representación legal. Las únicas excepciones que admite el ordenamiento se refieren a la representación ejercida por un familiar del titular del derecho o por un mandatario con facultad de administrar respecto de los actos de administración (art. 15). En el caso, los letrados intervinientes ejercen la representación procesal en virtud del poder conferido por la actora (ver fs. 29/35), no por sus socios, quienes obviamente son los titulares de la relación jurídica sustancial y quienes podían otorgar ese poder.

Anterior ... | Siguiente ...

Apoya a Universojus!

Año: 2024, CSJN Fallos: 347:1855 
Extraido de : https://universojus.com/csjn/tomo-347/pagina-1855