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cionar en defensa de esos derechos de incidencia colectiva, tal como sucede con las asociaciones que propendan a la defensa de esos derechos (art. 43, segundo párrafo, de la Constitución Nacional). Pero para ello es menester cumplir con determinados recaudos: la verificación de una causa fáctica común, una pretensión procesal enfocada en el aspecto colectivo de los efectos de ese hecho y, como regla, la constatación de que el ejercicio individual de la acción no aparece plenamente justificado ("Halabi", considerando 13).

8") Que en esta instancia no hay discusión de que la actora interpuso una acción en representación de los derechos puramente individuales de diversas empresas a ella afiliadas. Es decir, la asociación actora no pretende representar intereses individuales homogéneos en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional y descarta expresamente que se trate de un supuesto de derechos de incidencia colectiva sobre intereses individuales.

En este sentido, la AAETA manifiesta que las previsiones contenidas en los arts. 2", inc. e y 10, inc. a, de su estatuto social le otorgan la legitimación necesaria para accionar judicialmente en defensa de los derechos de sus asociadas, debido a que le han conferido "las facultades necesarias para que (...) actúe en representación plenamente legitimada, en los términos de los artículos 1869, 1880 y concordantes del Código Civil". Señala que no se trata de una acción de clase con afectados indefinidos sino de una acción contenciosa ordinaria ejercitada por una entidad que inviste y reivindica la representación suficiente para estar en juicio en defensa de los derechos e intereses de todas y cada una de las asociadas que le han otorgado mandato a esos efectos. Añade que no constituye óbice el hecho de que la actuación sea en defensa de intereses patrimoniales individuales. Menciona también que las resoluciones impugnadas han ocasionado severos gravámenes a las empresas representadas al imponerles -en el ámbito del régimen sancionatorio influido por la ya citada resolución 655/2012-, multas de valor doble al instituido por la ley 21.844 (confr. fs. 2 vta. y 195/196).

9") Que, por consiguiente, corresponde examinar si la legitimación procesal invocada por la actora para litigar en defensa de los derechos de los asociados identificados en la demanda puede fundarse exclusivamente en su estatuto social.

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Año: 2024, CSJN Fallos: 347:1852 
Extraido de : https://universojus.com/csjn/tomo-347/pagina-1852