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En el concepto del apelante no es razonable que —como lo establece la Resolución General (DGI) 3540/92- en la tramitación de las solicitudes de conversión de quebrantos en créditos fiscales se le confieran al organismo recaudador las atribuciones genéricas de fiscalización y verificación previstas en la ley 11.683 (arts. 33 y 35), puesto que por tratarse simplemente del reconocimiento de sus quebrantos y, atendiendo a la especial naturaleza del régimen previsto por la ley 24.073, basta con acudir a "...la técnica universalmente aceptada para auditar estados contables..." (fs. 1770 vta.). Expresa que, en el caso que se examina, resultaba apropiado realizar "...una "verificación especial y acotada" de la declaración jurada a la que alude el art. 32 de la Ley 24.073 similar a una auditoría de estados contables —cuyo objetivo es determinar sila contabilidad refleja razonablemente la realidad patrimonial y financiera del ente auditado—...", pero no correspondía efectuar una impugnación mediante el procedimiento previsto en la ley 11.683 para el supuesto de determinación de oficio del impuesto declarado en los ejercicios en los que se originaron los quebrantos en cuestión (fs. 1772).

Asimismo, afirma que no puede adoptarse un criterio riguroso de fiscalización —con la consiguiente exigencia de un respaldo documental de cada una de las operaciones que generaron la pérdida cuando, como ocurre en el caso, existían diversas dificultades para reconstruir la contabilidad de las empresas con absoluta precisión, entre ellas, las siguientes: se trataba de un universo de operaciones de gran magnitud y de una antiguedad significativa; en los períodos auditados existía una altísima inflación y las transacciones se realizaban "...veloz e informalmente para evitar la erosión propia de ese fenómeno"; muchas de ellas "...eran telefónicas respaldadas por notas internas y contablemente registradas en asientos globales..." (fs. 1764 vta.). En consecuencia, reitera que, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados y en el contexto descripto, era pertinente seguir los procedimientos de auditoría en los que se utilizan muestreos selectivos de operaciones sin compulsar la documentación que respalda a todas y cada una de las operaciones (fs. 1773/1773 vta.).

7) Que, según resulta de las expresiones precedentes, la actora no esgrime ninguna razón de peso para modificar la decisión apelada ni para apartarse del criterio establecido por el Tribunal en sentido adverso a su pretensión.

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Año: 2016, CSJN Fallos: 339:593 
Extraido de : https://universojus.com/csjn/tomo-339/pagina-593