ola desprotección) que habría ocasionado a los usuarios el incumplimiento del trámite previsto en el art. 82 de la Constitución Nacional, toda vez que durante el proceso de renegociación se había dado participación a los usuarios y consumidores, al tiempo que institucionalmente se habían adoptado los mecanismos de control pertinentes.
Así pues, tengo para mí que el perjuicio (aumento tarifario) que el apelante aduce que alegó en esa oportunidad no ha sido sustentado, en modo alguno, con la precisa y suficiente fundamentación demostrando que ello fue una consecuencia directa e inmediata de la inconstitucionalidad de las normas atacadas como violatorias del art. 82 de la Ley Fundamental, pues la impugnación de las leyes con base constitucional -como es sabido- no puede contemplarse en abstracto.
En tales condiciones, el temperamento adoptado por la Cámara no resulta arbitrario al declarar desierta la apelación, ya que -además de ser ajenas al recurso extraordinario las cuestiones fácticas y de procedimiento-, tal decisión no excede las facultades propias de los jueces de la causa, ni incurre en exceso ritual manifiesto en desmedro de la garantía constitucional de la defensa en juicio (conf. doctrina de Fallos:
243:45 ).
Al respecto, ha sido terminante la jurisprudencia del Tribunal al resolver que no procede la apelación extraordinaria contra la decisión del tribunal de alzada que declara desierto un recurso, con fundamento en la insuficiencia de la expresión de agravios, sin incurrir en arbitrariedad (Fallos: 253:397 ), y que el recurso extraordinario resulta ineficaz, con referencia a las cuestiones resueltas en primera instancia, si la alzada ha tenido por desierto el recurso de apelación (Fallos:
248:442 ).
De la misma manera, estimo que debe desestimarse el agravio referido a la imposición de las costas en las instancias ordinarias, en virtud de constituir una cuestión fáctica y procesal que únicamente concierne a los magistrados de la causa y ajena, en principio, a la vía prevista en el art. 14 de la ley 48.
IV-
Opino, por lo tanto, que corresponde rechazar la queja interpuesta.
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012. Laura M. Monti.
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Año: 2014, CSJN Fallos: 337:311
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