dad de seguimiento de los fallos de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos y la prolongación de sus estándares a otros casos, como así también la aplicación de éstos al caso concreto.
Sobre este último punto consideró que no correspondía aplicar al caso el precedente "Bayarri" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque ésta tomó como base de su análisis la redacción original de la ley 24.390 y, en cambio, en el presente caso lo que está en juego es la interpretación de la ley 24.390, según la redacción de la ley 25.430.
Consideró que la doctrina del precedente citado, dejó sentada la doctrina del plazo legal de prisión preventiva al considerar que "cuando un Estado ha establecido un plazo legal a la duración de la prisión preventiva, dicho plazo funciona como límite temporal máximo, sobrepasado el cual el Estado no puede seguir asegurando el proceso con el encarcelamiento preventivo".
Más concisamente: se viola el art. 7.5 de la Convención Americana cuando se mantiene a una persona en prisión preventiva luego de vencido el plazo legal.
Desde esta óptica, estimó que la aplicación de esta doctrina supone que efectivamente exista un "plazo legal".
De esta manera, advirtió que como la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, en el fallo conformado por la mayoría reconoció que no era posible afirmar la existencia de un plazo legal, entonces regirá la doctrina general de la Corte Interamericana, sentada en innumerables precedentes, del "plazo judicial", Señaló que a su entender el texto vigente de la ley 24.390, según ley 25.430, no establece un plazo o límite legal máximo a la duración de la prisión preventiva pues consideró que una de las finalidades principales de la reforma introducida por la ley 25.430 fue, precisamente, la de romper con el modelo original que establecía categóricamente plazos legales, si bien sujetos a prórroga basadas en circunstancias particulares.
Destacó que "la ley 24.390 original establecía, resu
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Año: 2012, CSJN Fallos: 335:571
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