DICTAMEN DE LA PROCURACIÓN GENERAL
Suprema Corte:
—I-
Contra la sentencia de fs. 118/119 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (Sala II) que, por mayoría, confirmó el fallo de primera instancia, en cuanto ordenó al Estado Nacional (Ministerio de Economía) que incluya a los actores entre las excepciones que establece el art. 60, inc. d), de la ley 25.827 y que, en consecuencia, abone los servicios de los bonos de la deuda pública que aquéllos poseen, el demandado interpuso el recurso extraordinario de fs. 125/141, que fue concedido (fs. 153).
Sostiene, en sustancial síntesis, que en forma incorrecta la sentencia del a quo ordena incluir a los actores entre las excepciones al diferimiento de pago de los servicios de la deuda por razones de edad cuando aquéllos no reúnen un requisito esencial para ello, cual es acreditar que las tenencias de los títulos se encuentren registradas en la Caja de Valores S.A. antes del 31 de diciembre de 2001.
En este sentido, señala que, para poder ingresar a un régimen legal de excepciones, quienes aspiran a obtener el beneficio necesariamente deben acreditar que reúnen y cumplen todos y cada uno de los requisitos que establecen las normas, porque las excepciones son de interpretación restrictiva.
También indica que la excepción por razón de edad avanzada fue admitida por primera vez por la resolución 73/02 del Ministerio de Economía y luego se mantuvo en las leyes de presupuesto para los ejercicios 2004 y 2005 (arts. 60, inc. d, 1, de la ley 25.827 y 47, inc. d, L, de la ley 25.967), pero que no estuvo contemplada en las leyes 26.078 ni 26.198, que aprobaron los presupuestos para los ejercicios 2006 y 2007. Ello es así, dice, porque el legislador consideró inconducente mantener esa excepción, atento a que los poseedores de Bontes 2002 que hubiesen estado en condiciones de acceder al beneficio ya debieron haber percibido sus acreencias antes del 2006, mientras que los que no estaban incluidos en la excepción tuvieron la opción de participar del canje de títulos que previó el decreto 1735/04.
Por ello critica que el a quo, para resolver la causa, no haya aplicado la ley 26.198 que estaba vigente al momento de dictar la sentencia. En
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Año: 2010, CSJN Fallos: 333:848
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