bueno para la sociedad". Varía así el ángulo de la consideración, que ya no será "si el Estado puede prohibir el matrimonio homosexual", sino "si el matrimonio homosexual promoverá la procreación responsable", a lo que da una respuesta negativa. Como resultado, entiende que la cuestión propuesta por los apelantes debe resolverse en una arena diferente, es decir, por la Asamblea General y el pueblo del Estado.
Dentro del marco constitucional, "...ellos deben identificar y considerar las implicaciones sociales y los imperativos morales involucrados y determinar si la prohibición es justificable sobre esas bases...".
2.2.G.— A partir del movimiento de emulación que comenzó con la sanción de la ley federal conocida como D.O.M.A., también han sido impugnadas las correlativas enmiendas constitucionales y legales emprendidas por los Estados locales, mediante ataques dirigidos —incluso— contra la regularidad de los respectivos procesos de iniciativa.
Así, ante el cuestionamiento de la llamada Medida 36 (en cuanto a la prohibición de reconocimiento en el Estado de Oregon de matrimonios homosexuales celebrados en otros países o Estados —v. asimismo cap. 2.2.1 acáp. d>), la Corte del Condado de Marion emitió opinión en el sentido de que la enmienda se ajusta a los recaudos de la Constitución, interpretación mantenida por la Corte de Apelaciones, en fecha 21/5/2008. Recientemente (5/11/2008 y 13/1/2009), la Suprema Corte del Estado denegó in limine el recurso articulado ("Juan Martínez v.
Governor Theodore R. Kulongoski"; N" O5C-11023; Oregon Circuit Ct.
4/11/2005; SC [S056472] [A130818]).
Fueron igualmente sometidas a revisión judicial —con resultado adverso— los procesos de reafirmación legislativa del matrimonio heterosexual acometidos, entre otros, por los Estados de Louisiana ("Forum for Equality PAC v. McKeithen", Supreme Court N" 04-OC-2551, del 19/1/2005; [893 So.2d 715 -La. 2005] y su antecedente "Forum for Equality PAC v. The Honorable W. Fox McKeithen"; 04-CA-2477 c/w 04-CA-2523); Massachusetts ("Schulman v. Attorney General" Iv. cap.
2.2.H acáp. nl); Tennessee CACLU v. Darnell" [Supreme Court 195 S.W.3d 612; 2006]); y Georgia ("Perdue v. O'Kelly at al" [Supreme Court SOGA1574; 6/7/2006]).
En el Estado de lowa, ya consagrada la norma restrictiva (Jowa Code cap. 595), ésta fue invalidada en el Condado de Polk, por el juez Robert B.Hanson, quien dispuso —in re "Varnum v. Brien"—, que el precepto debía leerse de un modo neutral con relación al género (caso
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Año: 2010, CSJN Fallos: 333:1555
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