329 al margen de la ley, que han provocado un estado de amenaza e intimidación permanente en la sociedad civil.
Por lotanto, adujeron que dichas disposiciones y operativos lesionan, restringen, alteraran y amenazan, con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, los derechos humanos de los habitantes de la Ciudad de San Carlos de Bariloche, conculcando —según dicen- los arts. 6, 8", 14, 15, 16, 18, 28, 31, 33 y 36 de la Constitución Nacional.
Fundaron también su pretensión en el art. 181,incs. 6° y 17, dela Constitución dela Provincia de Río Negro, en la Carta Orgánica dela Municipalidad de San Carlos de Bariloche (en el párrafo segundo de su preámbulo), en la Convención Internacional contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en su Protocolo Facultativo suscripto por la Argentina, en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en la Convención Interamericana de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Solicitaron dos medidas cautelares: una, para que se ordene a los demandados el cese inmediato de los operativos de seguridad que se están ejecutando y, otra, para que suspendan las normas dictadas al respecto.
Afs. 43, el Juez federal, de acuer do con los fundamentos del dictamen del Fiscal (v. fs. 42), se declaró incompetente, por considerar que la causa debe tramitar antelainstancia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al ser demandada una provincia y el Estado Nacional.
A fs. 46, se correvista, por la competencia, a este Ministerio Público.
— Cabe recordar, en principio, que el Tribunal ha reconocido la posi bilidad de que la acción de amparo, de manera general, tramite en esta instancia, siempre que se verifiquen las hipótesis que surtan la competencia originaria prevista en el art. 117 de la Constitución Nacional porque, de otro modo, en tales controversias, quedarían sin pro
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Año: 2006, CSJN Fallos: 329:5802
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