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razones por las cuales el monto que fijó como indemnización resulta más representativo del valor objetivo del bien expropiado que las demás opiniones que constan en el expediente; d) los daños sufridos en la superficie de la finca no sujeta a expropiación resultaron resarcidos por la indemnización fijada en primera instancia, peroal reducirse su monto y ampliarse la superficiea expropiar debieron haberse considerado como otro rubro a indemnizar; e) la tasa de interés del 6 anual, cuya aplicación se prevé desde la fecha de la desposesión del bien y hasta la sentencia, resulta exigua para compensar la evolución del valor de los inmuebles en dicho período; f) finalmente, estima que las costas debieron imponerse íntegramente al expr opiante porque —afirma- forman parte de la indemnización debida al expropiado.

10) Que en lo que hace a los agravios dela demandada y, concretamente, respecto de la superficie expropiada, el propio texto de la ley que dedara la utilidad pública del bien resulta suficientemente claro y específico en los términos del art. 5° de la ley 21.499 cuando, inmediatamente después de hablar de una superficie "aproximada" de 15.000 ha, describe con exactitud los hitos que delimitan la extensión sujeta a expropiación, a partir de los cuales se elaboró, por orden del juez de primera instancia, el "plano de mensura y desmembramiento para expropiación" del cual surge que la "superficie a demembrar" es de 19.701 ha, 2.783,00 m? (fs. 73).

En ese mismo sentido, en el mandamiento mediante el cual el juez ordenó al oficial dejusticia otorgar la posesión del inmueble expropiado a la actora, se señaló como superficie afectada la de 19.701 ha, 2.783 m° (confr.fs. 77 y 100). Dicha extensión de terrenofue la misma respecto de la cual la demandada sdlicitó al juez la inscripción como objeto de expropiación en la Dirección de Inmuebles provincial, en atención a que en la cédula parcelaria noconstaría la fracción expropiada, y la expedición de un certificado que la acreditara(confr. fs. 593 y 613 vta.).

Por lo demás, contrariamente alo afirmado por la demandada en su recurso, no es el Estado quien tiene la carga de probar lainexactitud de la mensura efectuada, mediante imágenes satelitales, o de la encargada por un particular, en tanto discrepa con la realizada por el organismo público cuya misión es, precisamente, dar certeza de las mediciones efectuadas en los predios y del que se presume una actuación conforme a la legitimidad. Así debió entenderlo la propia deman

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Año: 2006, CSJN Fallos: 329:1710 
Extraido de : https://universojus.com/csjn/tomo-329/pagina-1710