Ne 13.931 —que corre por cuerda separada- ante el Juzgado de Instrucción N° 33, en orden a los delitos de robo y lesiones leves cometidos en perjuicio de Juan Percowicz y Marcela Alejandra Sorkin, socio fundador y directivo de la Escuela de Yoga de Buenos Aires, respectivamente. En dichas actuaciones, se declaró inadmisible la solicitud de Natalia Ledesma para constituirse como querellante, por no resultar particular damnificada de los delitos investigados, temperamento que fue confirmado con análogos argumentos por el tribunal de alzada (fs. 3 y 5/15).
Ante el rechazo del recurso de casación interpuesto contra este último pronunciamiento se dedujo la pertinente queja (fs. 16/50), que fue desestimada por la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal por considerar que contenía defectos de fundamentación que impedían su adecuado tratamiento en la instancia. En este sentido, sostuvo que la recurrente "...para cuestionar las decisiones de los magistrados inferiores que no le otorgaron la legitimación procesal pretendida, y para demostrar el desacierto de tal postura, debió describir ante la instancia el concreto contenido y alcance del hecho fijado como objeto procesal en autos —con referencia a todas las piezas procesales en el que se fue circunscribiendo-, pues ésa es la única manera de colocar al Tribunal frente a la plataforma efectivamente analizada..." fs. 51/53).
Contra esa decisión se interpuso recurso extraordinario, cuya denegatoria a fojas 81/82, dio lugar a la articulación de esta presentación directa.
—I-
El letrado apoderado de Ledesma atribuye arbitrariedad al fallo, pues sostiene que se ha incurrido en un excesivo formalismo al impedir la revisión de lo decidido en las instancias anteriores acerca de la posibilidad de considerarla particular ofendida respecto de los delitos de amenazas y coacciones cuya investigación, agrega, no se dispuso, a pesar de haber sido oportunamente denunciados en la causa. De esa forma, entiende que se ha privado de la debida tutela-judicial a su asistida en detrimento de los derechos constitucionales de defensa en juicio, debido proceso, igualdad y de lo dispuesto en el artículo 8, inciso 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 16, 18, 19 y 75, inciso 22 C.N.).
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Año: 2004, CSJN Fallos: 327:4453
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