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Rent Stabilization había publicado un artículo en el que exponía las razones por las cuales intentaba suspender a los demandados Matteo y Madigan, quienes también eran funcionarios de la mencionada repartición. Estos, sintiéndose agraviados por la publicación, lo demandaron por difamación. La mayoría de la Corte, por boca del justice Harlan, consideró importante que las autoridades gubernamentales fueran libres de ejercer sus deberes sin sentirse presionadas por el temor de un juicio por daños respecto de los actos realizados en el curso de esos deberes —juicios que consumirían tiempo y energías que, de otra forma, se destinarían al servicio gubernamental, y cuya amenaza inhibiría en forma apreciable la administración efectiva, vigorosa y sin temor de las políticas del gobierno. En consecuencia, liberó de responsabilidad al demandado por las expresiones efectuadas en relación a asuntos vinculados a su función.

Posteriormente, la Corte —en el caso "Powell v. Mc Cormack" [395 U.S. 486 (1969)]-- reiteró el criterio que había sentado en el caso "Kilbourne v. Thompson" [103 U.S. 168 (1880)], en el sentido de que la protección de la speech and debate clause incluye todo acto que sea realizado en el período de sesiones de la cámara por uno de sus miembros en relación a las cuestiones sometidas a su consideración.

Como se adelantó, precedentes posteriores establecieron criterios restrictivos. En este sentido, se dijo que si bien la inmunidad prevista en la speech and debate clause ampara no sólo a los legisladores, sino también a sus asesores —siempre que la conducta de estos últimos constituyese un acto legislativo protegido si fuese desempeñado por el propio legislador—, dicha inmunidad no se extiende al asesor del senador que prestó declaración testimonial ante el gran jurado acerca del supuesto acuerdo para la publicación privada de los Papeles del Pentágono, toda vez que dicha publicación no tenía conexión alguna con el proceso legislativo ["Gravel v. United States", 408 U.S. 606 (1972)].

Más tarde, se confirmó que los miembros de las comisiones parlamentarias, sus ayudantes, asesores e investigadores gozan de una amplia protección, en la medida en que su actuación responda a la realización de actividades legislativas consistentes en la compilación de informes, su remisión a la cámara, o la votación a favor de su publicación. Sin embargo, se señaló que la speech and debate clause no protege la publicación privada de documentos introducidos y dados a publicidad durante las sesiones de las comisiones, aun cuando dichas sesiones formasen parte del proceso legislativo [Doe v. McMillan", 412 U.S.

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Año: 2004, CSJN Fallos: 327:176 
Extraido de : https://universojus.com/csjn/tomo-327/pagina-176