Qe B2T El análisis que nos convoca fue motivo de diversas disquisiciones jurisprudenciales y doctrinarias. No obstante merece ser reeditado a la luz de la evolución que ha sufrido el procedimiento penal, tanto en el ámbito nacional como provincial, así como también a la nueva composición de este máximo Tribunal.
9") Que en oportunidad de analizar un caso "Fiscal c/ Fernández" Fallos: 324:425 ), también proveniente de la justicia de Mendoza, expresó el Tribunal que el ejercicio de la jurisdicción está precedido por una acusación previa formulada al requerir la elevación de la causa a juicio en la que se fijan los hechos en forma clara, precisa y circunstanciada, su calificación legal y los motivos en que se funda, presupuestos éstos que no deben ser violados a fin de asegurar el derecho de defensa enjuicio, de raigambre constitucional (Fallos: 312:2066 y 315:308 , entre otros), sin que resulte necesario incluir el pedido de pena (considerando 8, voto del juez Vázquez).
Se agregó en ese sentido que el requerimiento de absolución por parte del fiscal no desapodera al tribunal del ejercicio de la jurisdicción, pues el pedido desincriminatorio por parte del acusador no se encuentra necesariamente previsto como causal que determine el cese de la acción penal. Asimismo, el requerimiento de absolución del representante del Ministerio Público no afecta el debido proceso legal en tanto la acusación, como tal, se ha llevado a cabo en una etapa anterior, de manera que la defensa haya podido tomar conocimiento de los cargos que permiten el pleno ejercicio de sus derechos (considerando 9).
10) Que superadas las épocas de los estados absolutistas, la aparición del estado de derecho receptando las ideas de la ilustración, marcó claramente una nueva concepción acerca del hombre y la sociedad.
Se establecieron reglas de organización y distribución del poder del Estado y de los derechos fundamentales del individuo, se concibió la república con su consecuente división de los tres poderes clásicos y los controles recíprocos destinados a evitar el uso arbitrario del poder, Es en dicha estructura organizada donde se enmarca la autoridad penal del Estado que legitima, claro está, en caso de ser necesario y cumplidas determinadas reglas y principios, la aplicación de una pena.
11) Que en nuestro país el sistema de enjuiciamiento penal y por consiguiente el ejercicio del poder punitivo del Estado, se caracteriza
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Año: 2004, CSJN Fallos: 327:127
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