pues V.E. entiende que en casos como estos, donde se encuentra involucrada lalibertad del imputado, la resolución de segunda instancia "noes susceptible de ser revisada por otro órgano dentro del ordenamiento procesal vigente", por lo que el tribunal superior es la Cámara de Apelaciones y no la Cámara de Casación (precedentes "Rizzo", "Panceira" y "Stancanelli", publicados en Fallos: 320:2118 ; 324:1632 y 324:3952 ). Esta postura, por otro lado, es la que sostuve cuando me tocó dictaminar en una causa referida al mismo hecho y donde setrataban idénticas cuestiones pero con respecto a Julio Héctor Simón (dictamen del 29 de agosto de 2002, en el recurso de queja S.C. S.1767 XXXVII in re"Simón, Julio Héctor y otros s/ privación ilegítima dela libertad, etc. —causa N° 17.768—') aunque en aquella oportunidad sí se había cumplido con este recaudo.
— 1 Por todo lo expuesto, considero que la queja es inadmisible por lo que V.E. puede desestimarla. Buenos Aires, 27 de febrero de 2003.
Nicolás Eduardo Becerra.
FALLO DE LA CORTE SUPREMA
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2003.
Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por el defensor oficial de Juan Antonio del Cerro en la causa Simón Julio y del Cerro, Juan Antonio s/ sustracción de menores de 10 años —causa N° 8686/2000—", para decidir sobre su procedencia.
Considerando:
1) Que la Sala || de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, confirmó la resolución del juez a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 4 de esta ciudad que, al declarar inválidos e inconstitucionales los arts. 1 de la ley 23.492, y 1, 3 y 4 de la ley 23.521, citóa prestar declaración indagatoria a Juan Antonio del Cerro.
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Año: 2003, CSJN Fallos: 326:3991
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