que carecen de las cualidades de la moneda de curso legal —esto es, fuerza liberatoria y aceptación irrestricta en todo el ámbito del Estado- que sólo posee la emitida con autorización del Congreso Nacional art. 75, incisos 6° y 11, de la Constitución Nacional). Cabe recordar, además, que se trata de una de las facultades que las provincias han delegado expresamente a la Nación y que, por ende, no conservan art. 126 ídem).
Tal conclusión nosealtera por la circunstancia fáctica que, durante su vigencia, esos títulos circulen y se los utilice con fin cancelatorio fuera del ámbito geográfico de la provincia que los emitió, como parece haber acontecido en el sub judice, pues ello carece de aptitud para alterar las limitaciones que determina su régimen legal ni, mucho menos, enmendar los aludidos principios constitucionales.
Otro tanto ocurre con la invocada posibilidad de cancelar obligacionestributarias nacionales con esasletras (conf. Resolución General 1112/01 de la AFIP), pues se trata de un régimen transitorio, con determinadas exclusiones y que además autoriza el rechazo de esos pagos en los casos que la norma establece, lo que es propio de su carácter no monetario. Por otra parte, la eventualidad de que el Estado Nacional resulte afectado por el pago de obligaciones tributarias con instrumentos falsos, que noes el caso de autos, aparece, sino imposible, claramente remota ante la intervención previa del Banco de la Provincia en el trámite, entidad que una vez recibidos los títulos debe emitir la respectiva "orden de entrega para el pago de impuestos nacionales en AFIP." que el contribuyente acompaña junto con una declaración jurada ante la AFIP (conf. arts. 2, 3, 4 y 5° de la citada resolución).
Asimismo, más allá de la discusión doctrinaria en cuanto asi la equiparación "a los efectos de los artículos anteriores" prevista en el artículo 285 del Código Penal, es alos fines de la pena, del tipopenal o ambos, lo cierto es que ese precepto comprende los títulos cuya falsificación aquí seinvestiga bajo la denominación "bonos olibranzas de los tesoros provinciales". Empero, esa asimilación no significa que la ley penal haya conferido a esos valores la calidad de moneda de curso legal, que es lo que constituye objeto de protección específica en el artículo 282 (conf. Soler, Sebastián "Derecho Penal Argentino", Ed.
Tea, Buenos Aires, 1988, tomo V, pág. 379), ni puede redundar en la prórroga de la competencia federal, por esencia restrictiva y de excep
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Año: 2003, CSJN Fallos: 326:3418
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