En efecto, a la fecha del dictado del decreto ley 2191/57 (BO 19/3/57) no existía dispositivo legal alguno que reconociera a las provincias jurisdicción sobre el mar territorial adyacente a sus costas, situación que se verifica recién trece años más tarde, con el dictado de la ley 18.502 (BO 7/1/70), aspecto sobre el cual coinciden tanto la actora (fs.
566) como la demandada (fs. 721, 3 párrafo).
En este marco, la pretendida creación del Territorio Nacional de Tierra del Fuego, con una jurisdicción marítima coincidente con la del mismo Estado Federal en ese momento (200 millas medidas desde la línea de las más bajas mareas), cuando las restantes provincias ribereñas carecían de un reconocimiento legal expreso en tal sentido, nose evidencia coherente con la intención de admitirlo "en el mismo plano de igualdad (equal footing)" con los restantes estados originarios.
Al respecto caber ecordar que, entrelos criterios de interpretación posibles, no debe prescindirse de las consecuencias que se derivan de la adopción de cada uno, pues ellas constituyen uno de los índices más seguros para verificar su razonabilidad y su coherencia con el sistema en que está engarzada la norma (Fallos: 234:482 ; 302:1284 ; 311:1925 ; 319:2594 , entre otros).
Por ello, entiendo que la postura de la demandada, de asimilar los límites marítimos del territorio nacional alos del Estado Federal, debe ser rechazada, no sólo por carecer de sustento legal, sino también por contrariar su propia condición jurídica antecedente, cual era su potencialidad para ser admitida —en un plano deigualdad— a las restantes provincias que conforman la Nación.
Como consecuencia de lo expuesto, y de tener V.E. por probado que el punto de extracción de los hidrocarburos se encuentra a 7 millas marinas de las líneas de base, debería declarar que el Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur careció allí de jurisdicción tributaria durante su vigencia.
—VILEl segundo período involucrado en la litis comienza con la provincialización del territorio nacional.
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Año: 2003, CSJN Fallos: 326:3381
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