mite, y nada más, y prestan juramento solemne para obedecerla y sostenerla. Cuando descuidan estas prescripciones, usurpan la autoridad, abusan de la confianza en ellos depositada y violan la promesa que por el juramento han confirmado" (González, Joaquín V., con cita de Cooley, en "Manual de la Constitución Argentina", Ed. Estrada, año 1971, pág. 317).
Por su parte, los ciudadanos, que participan de la formación del orden jurídico mediante la elección de quienes sancionarán las leyes, ostentan derechos dejerarquía supralegal. La Constitución selimitaa reconocerlos como preexistentes a su sanción, como no enumerados —pero igualmente válidos— y que nacen "de la soberanía del pueblo" art. 33). Tal reconocimiento, pues, traduce la existencia de una zona de reserva de los habitantes de la Nación en cuantoal ejercicio de sus derechos básicos, que se refleja adecuadamente en el sistema de control de constitucionalidad.
Cabe recordar en este punto que tanto la jurisprudencia como la doctrina en forma unánime reconocen —al margen de la exigencia de petición de parte— que la declaración de inconstitucionalidad limita sus efectos al caso en el cual se la decreta; esto es, beneficia sólo a la parte que la planteó en una causa judicial, sin vincular —en nuestro sistema a otros tribunales o incluso al mismo que dictó al fallo en futuros casos análogos. Bajola clásica teoría del caso "Marbury", un tribunal, al declarar la inconstitucionalidad de una norma, simplemente le niega fuerza legal en el caso traído ante sus estrados. Con estealcance, una decisión sobre constitucionalidad "afecta únicamente alas partes y no es un juicio contra la norma" (conf. Gunther, Gerald y Sullivan, Kathleen M.; "Constitutional Law", thirteenth edition, págs. 26/27, University Casebook Series, 1997). De este modo, como lo ha expresado la jurisprudencia norteamericana, "una norma puede ser inválida cuando es aplicada en una situación fáctica y, sin embargo, ser válida cuando es aplicada a otra" ("Dahnke-Walker Co.
v. Bondurant", 257 U.S. 282; "Yozoo 4 M.R.V.Co. v. Jackson Vinegar Co.", 226 U.S. 217; "Poindexter v. Greenhow", 114 U.S. 270, 295; "St.
Louis, Iron Mountain 8 Southern Ry.Co. v. Wynne", 224 U.S. 354; "Kansas City Southern Ry.Co. v. Anderson", 233 U.S. 325).
Esta limitación, en rigor, solamente armoniza con la doctrina tradicional que exige el oportuno requerimiento de la parte interesada, en tanto dicho planteo importa la expresión de voluntad de un habi
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Año: 2001, CSJN Fallos: 324:3265
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