16) Que, teniendo como norte tal premisa, cuando —como en el caso ocurre se presenta un conflicto entre la libertad de expresión y algún aspecto del derecho de la personalidad (honor, integridad moral, intimidad, imagen, prestigio, recato patrimonial, etc.) perteneciente a un individuo con dimensión pública, sea por el cargo que ocupa, la función que realiza ola actividad por la que se lo conoce, esta Corte ha adoptado —en línea hermenéutica semejante a la utilizada por otros tribunales constitucionales el standard jurisprudencial creado por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso "New York Times Co. v.
Sullivan" 376 US. 254, 1964 (conf. Fallos: 310:508 , considerando 11 y sgtes.).
Que dicho standard nació como forma de quebrar la inmunidad de la expresión crítica referida a personas que ocupan cargos públicos, por su actividad pública. Para ello, según el precedente, el funcionario público que reclama en juicio contra el responsable de la divulgación de una noticia que, a su entender, lo difama injustamente, debe demostrar la real malicia ("actual malice") del medio periodístico, esto es, que ella fue difundida con conocimiento de que era falsa, o sin considerar en absoluto si era o no cierta.
Que si bien el citado tribunal foráneo extendió posteriormente esa doctrina —con fundamentos cuyo acierto no cabe aquí considerar a otras situaciones diversas de las que involucra a funcionarios públicos (vgr.
a personas públicas distintas de los funcionarios, pero con responsabilidad o control notables sobre la dirección de los asuntos de gobierno —caso "Rosenblatt v. Baer", 338 U.S. 85, 1966; personas públicas que, sin tener injerencia en los asuntos del gobierno, tienen no obstante acceso a los medios de difusión y una mayor capacidad de réplica que el ciudadano común frente a los ataques que pudiera sufrir —caso "Curtis Publishing Co. v. Butts and The Associated Press", 388 US. 130, 1967; personas no famosas si la cuestión versa sobre asuntos de interés público o general —caso "Rosenbloom v. Metromedia Inc.", 403 US. 29, 1971-), en lo que al sub lite interesa fue mantenida por la Suprema Corte de los Estados Unidos en el año 1974 en el caso "Gerz v. Robert Welch" 418 US. 345- en cuanto a la necesidad de demostración, por parte del funcionario público, de la citada real malicia del órgano pe riodístico.
17) Que en su desnuda formulación, la aceptación de tal doctrina lleva a las siguientes dos consecuencias.
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Año: 1996, CSJN Fallos: 319:3114
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