cutivo —el Presidente y sus funcionarios subalternos llevar a cabo el decreto del Congreso. La ley de reducción del déficit, sin embargo, violó esa regla. En vez de permitirles a los funcionarios del Poder Ejecutivo determinar la manera de llevar a cabo el decreto, le otorgó el poder al Interventor de la Moneda, un empleado del Poder Legislativo. Si el Congreso querría determinar, explicó la Suprema Corte, la manera precisa en la cual se llevaría a cabo la reducción del déficit, tenía el poder de hacerlo. Mas sólo podía hacerlo por medio de legislación directa dándole al presidente indicaciones precisas. No podía promulgar una ley fijando solamente pautas generales y después nombrar su propio funcionario para manejar la ejecución de la ley.
La decisión en el caso Bowsher no significa que todas las delegaciohes innovativas de poder son inconstitucionales. Por el contrario, dos años después de que se decidiera el caso Bowsher, la Suprema Corte reconfirmó la validez de un novedoso plan del Congreso que trataba otro problema embrollado. En los Estados Unidos, la facultad de entablar un procesamiento, y la responsabilidad de llevarlo adelante, está conferida en su totalidad al Poder Ejecutivo. El Poder Judicial desempeña un papel relativamente pasivo: dirige principalmente el proceso durante el cual el fiscal y el defensor le presentan al jurado sus pruebas y sus razonamientos. Por lo general, el Poder Judicial no tiene la facultad de exigir un procesamiento cuando el Poder Ejecutivo se rehusa a acusar (21).
Aunque el colocar la facultad de procesamiento dentro de un poder que responde al proceso político garantiza que las leyes se hagan valer en forma eficaz y enérgica, también crea un problema serio: si el Presidente y sus funcionarios tienen la facultad exclusiva de entablar procesamientos, ¿quién procesaría al Presidente y sus funcionarios si algunos de ellos violara la ley? En respuesta a tal pregunta, el Congreso promulgó la Ley de la Etica en el Gobierno, la cual le daba la facultad a un tribunal de nombrar un fiscal especial, destituible sólo por motivos justificados, para investigar y procesar la actividad criminal dentro del Poder Ejecutivo.
En Morrison v. Olson (22), la Suprema Corte de los Estados Unidos reconfirmó la constitucionalidad de la Ley de la Etica en el Gobier21) United States v. Cox, 342 F. 2d 167 (CA5 1965) (en banc).
22) 487 U.S. 654 (1988).
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Año: 1993, CSJN Fallos: 316:2261
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