Partiendo de tal criterio no puedo dejar de señalar, respecto de la materia en análisis, que el actor no demuestra ni siquiera invoca cuál es el perjuicio patrimonial efectivo que le provocan las medidas que impugna.
Por otra parte, el interés personal "de ciudadano", tácitamente merituado no resulta apto para la obtención de amparo judicial por la vía intentada (v. Fallos: 301:991 , a cuyos fundamentos y doctrina citada me remito por razones de brevedad).
No es sobreabundante poner de manifiesto que cuando como ocurre en cl caso, se controvierte la forma en que han sido ejercidas atribuciones privativas de otros poderes —como los son indudablemente las relativas a la determinación de límites internacionales o interprovinciales (artículo 67, inciso 14, de la Constitución Nacional)— los jueces deben abstenerse de resolver el punto (Fallos: 114:425 ; 179:150 ; 193:
267) para evitar convertirse en revisores de decisiones políticas que competen a otras autoridades.
En segundo lugar y relativo a la competencia, tema específico del dictamen, debo indicar que por aplicación de lo establecido por la ley 27, art. 29, los tribunales federales sólo ejercen jurisdicción en los casos contenciosos; y no existiendo de acuerdo con lo expuesto en autos una controversia concreta, sino un mero juicio declarativo de inconstitucionalidad, opino que esta Corte es incompetente para conocer en la presente causa (v. Fallos: 243:176 ; 245:553 ).
Por ello, corresponde declarar la incompetencia del Tribunal para entender en el juicio disponiéndose sin más el archivo de las actuacio— nes, Buenos Aires, 19 de agosto de 1985. Juan Octavio Gauna.
FALLO DE LA CORTE SUPREMA
Buenos Aires, 12 de diciembre de 1985.
Autos y Vistos; Considerando:
19) Que estas actuaciones se inician con la presentación de don Constantino Lorenzo, quien —invocando el derecho de defender las instituciones y la integridad de la Nación y lo establecido en los arts.
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Año: 1985, CSJN Fallos: 307:2387
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