plantean en el memorial de fs. 1066/1075, por lo que no cabe el análisis de las mismas.
4") Que en la sentencia se admite que al tiempo de obtener la marca en el año 1966, el demandado no comerciaba por cuenta propia, a pesar de lo cual el a quo considera cumplida, en el caso, la condición requerida por la mencionada disposición legal, por haber actuado aquél como socio de una sociedad de responsabilidad limitada, entidad a la cual cedió la explotación del registro marcario.
5") Que la circunstancia expuesta no confiere al demandado la calidad de comerciante ni permite asignarle validez a la marca así obtenida, toda vez que la interpretación que hace el a quo acerca de la exigencia contenida por el citado art. 6, excede en su alcance el criterio restrictivo.
con que siempre se ha juzgado su aplicación, de acuerdo con la letra y el espíritu de la ley, la cual exige, para obtener el registro de una marca, reunir la condición de comerciante, industrial o agricultor al momento de solicitarlo (Fallos: 227:397 ; 238:388 ; 257:45 ; 287:148 ; 290:150 ).
Por lo expuesto, y vído el señor Procurador General, se revoca la sentencia apelada y se declara la nulidad de la marca Sheraton para la clase 22 e infundada la oposición de la demandada al registro de la misma marca en dicha clase en favor de la actora. Con costas en todas las instancias (art. 68, Código Procesal).
Honacio H. Humenia — Aporro R. GABINELi — Penno J. Frías.
JESUS PEREZ CANOSA y OTROS v. NACION ARGENTINA
RECURSO ORDINARIO DE APELACIÓN: Tercera instancia. Juicios en que la Nación es parte.
Para que proceda el recurso ordinario de apelación en causas en que la Nación es parte, se requiere que esté comprobado y resulte de los autos que, a la fecha de su interposición, la suma disputada exceda el mínimo legal. No corresponde considerar en tercera instancia ordinaria una demanda de retrocesión si los actores ofrecen poner a disposición de la accionada la suma abonada en su momento como indemnización, que no excede el monto exigido por el art. 24, inc. 6", ap. a), del decreto-ley 1285/58.
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Año: 1977, CSJN Fallos: 298:631
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