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contrato aludido hace que la medida de la retribución justa no sea siempre, intangiblemente, la que aparece como convenida en él, y, en consecuencia, la ley que se propone establecer en este punto la medida justa es de orden público y no hay por tanto, ante ella, derechos adquiridos (Fallos: 208, 490, 454 y 466). Si no hay violación de garantías constitucionales en el establecimiento de obligaciones de esta especie para ser cumplidas a raíz de la sanción de las leyes respectivas no obstante estar fuera de las previsiones sobre las cuales se calculó el negocio, mal puede producirla, del mismo punto de vista de la retroactividad, la modificación de sus términos.

Que dicha modificación sería además, según el recurrente, confiscatoria, porque fija una indemnización de preaviso excepcionalmente gravosa, —scis meses de sueldo—, y porque para regular dicha indemnización, lo mismo que la del despido, adopta los nuevos sueldos que la misma ley establece (art. 83, ley 12.908). A la onerosidad se agregaría, pues, la irregularidad de que estas indemnizaciones se gradúan sin ninguna proporción con el valor económico de las relaciones contractuales a que se refieren, pues se trata de sueldos que habían de regir con posterioridad al despido, por lo cual el empleador no pudo constituir para esc objeto las reservas necesarias, (conf. fs. 486 y sigtes.).

Que en este último punto se impugna, bajo nueva forma, el efecto retroactivo de la norma atacada. Corresponde, pues, remitirse a lo que sc acaba de exponer.

Pero hay que agregar que, supuesta la aludida falta de relación, no se sigue de ella la confiscatoriedad alegada; se trataría de la conveniencia, razonabilidad o acierto del criterio elegido por el legislador para medir la indemnización en tela de juicio, lo cual no puede ser objeto de revisión judicial. Sólo cabe, pues, tomar en

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Año: 1949, CSJN Fallos: 214:125 
Extraido de : https://universojus.com/csjn/tomo-214/pagina-125