estimó su labor en $ 100.000 min., suma que aquella repartición, dado el mérito del trabajo y la tarea realizada en la Junta Consultiva y Asesora, declaró — en 21 de octubre de 1933 — perfectamente justificada.
Que elevados los antecedentes a la H. €. de Diputados, la comisión respectiva no se expide al respeeto, lo que obliga al actor a promover el presente juicio.
Que funda su derecho en el art. 1627 del Código civil y en la jurisprndencia del Tribunal que cita y termina pidiendo que en su oportunidad se condene a la Provincia de Córdoba a pagar la suma de $ 100.000 mIn.; la que fijen árbitros o esta Corte determine, con intereses y costas.
Que a fs. 17 contesta la demanda don Guillermo Rothe, en representación de la Provincia de Córdoba, el que dice:
Que sin desconocer el prestigio del ingeniero actor, estima que carece de derecho al cobro de los honorarios cuyo pago persigue en este juicio.
Que en efecto, de acuerdo con los términos del decreto de 2 de agosto de 1928, la Provincia puso en manos de la comisión de que aquél formaba parte, todos los antecedentes y medios materiales necesarios para que realizara los estudios y aconsejara la solución a aplicarse, de manera que ninguno de los miembros de la misma tuvo que realizar trabajos o efectuar gastos para la búsqueda de antecedentes, que hicieran engorrosa o gravosa su tarea.
Que entre éstos figuraban los proyectos integrales presentados oficialmente por Gavier, González y Duelont, en 1914 y por Outes y Borús, en 1928.
Que la comisión cuya tarea debió consistir en ""estudiar y calificar como juez de última instancia, antecedentes determinados que se ponían en sus manos y
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Año: 1940, CSJN Fallos: 186:87
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