demnización por el año 1932, en que ni siquiera se ha hecho verosímil el reclamo con principio alguno de prueba.
Probado el perjuicio sufrido pero no su importe, es de aplicación la disposición del art. 220 del Código de Proeds. Civiles de la Capital, supletorio en materia federal.
Por todos estos fundamentos, revócase la sentencia apelada de fs. 302 y se declara inconstitucional el decreto del Gobierno Provisional de marzo 16 de 1931, por ser contrario a los arts. 9, 10, 14, 16, 17, 19, 67, ine. 12, y 86, inc. 2" de la Constitución Nacional; y en consecuencia haciéndose lugar a la demanda, declárase que la Nación está obligada a resarcir a los actores como total indemnización y por todo concepto, la cantidad que éstos juren dentro de los siguientes parciales para eada uno de ellos: a Emilio Cahiza, diez mil pesos moneda nacional; n Esteban Costa, doce mil pesos moneda nacional; a Francisco Granata, nueve mil pesos moneda nacional; a Aurelio Podestá, treinta y dos mil pesos moneda nacional; y a Juan Andrés Toso, ocho mil pesos moneda nacional. Las costas de ambas instancias en el orden causado, en atención a la naturaleza de la cuestión resuelta. — R. Villar Palacio. — J.
A. González Calderón, — Ezequiel S. de Olaso. — En disidencia: N. González Iramain. — Carlos del Campillo.
Dismenera Y Vistos: Estos autos seguidos por los señores Emilio Cahiza, Esteban Costa, Francisco Granata, Aurelio Podestá y Juan Andrés Toso contra la Nación,
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Año: 1937, CSJN Fallos: 177:258
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