tos son de interpretación y aplicación restrictiva, de manera que sus disposiciones no deben hacerse extensivas por analogía para , reglar situaciones que el legislador no ha señalado en forma cla= ra y precisa, Es consecuencia necesaria de ese principio, que el Poder Ejecutivo excede sus facultades constitucionales de reglamentar las leyes cuando, tratándose de impuestos, no se limita a determinar el modo en que la ley ha de funcionar para la mejor consecución de los fines que el Congreso se propuso; la forma y oportunidad en que el impuesto creado ha de hacerse efectivo, para una fiscalización más eficaz en la percepción de la renta y su ordenado empleo en atender las necesidades del Estado.
Entraña siempre un peligro y ha de resultar perjudicial a las instituciones todo acto del poder administrador tendiente a hacer gravitar un impuesto sobre lo que no aparece claramente establecido en la ley. La conveniencia y justicia de tal o cual imposición o ampliación o reforma en cualquier sentido de las leyes vigentes, sólo pueden ser exteriorizadas por el Poder Ejecutivo llevando las iniciativas al Congreso a fin de que se les preste su sanción; en tanto ello no ocurra, la ley en vigencia deberá aplicarse con estricta sujeción a sus términos, absteniéndose de hacerla extensiva a lo que no se encuentre clara e indiscutiblemente establecido: lo contrario importa invadir la órbita de ncción del Congreso, Es de consiguiente arreglada a derecho la declaración que contiene la sentencia apelada de que el decreto del P. E. de 7 de Mayo de 1924 que ha servido de fundamento para exigir el pago del impuesto que motiva esta causa pugna en lo referente 3 ello, con los arts, 44, 67 y 86 inc. 2? de la Constitución Nacional, y en consecuencia, deben serle devueltas a la compañía actora las sumas que por ese concepto ha pagado.
La limitación que establece la sentencia respecto de lo que no ha sido objeto de protesta o reserva de derechos por la parte actora al efectuar los pagos, no debe ser mantenida; porque ello no ha sido materia de la "litis contestatio", y no se fundamenta
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Año: 1934, CSJN Fallos: 170:214
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