cia", etc.á a lo cual ha de agregarse la prohibición general contenida en la misma ley de contabilidad invocada por la provincia relativamente al cambio de destino de los fondos votados para un fin u obra determinada.
Puede así concluirse, que al celebrarse dicho contrato de marzo de 1910, no se había gastado aún nada de esos titulos, contra lo aseverado al respecto por la parte demandada; y por consiguiente, que en esa convención, que no expresó suma alguna del importe total de la obra contratada, no se excedió el límite autorizado por la ley ; de donde fluye como lógica consecuencia, que los representantes de la provincia de Mendoza que suscribieron el contrato de la referencia, no extralimitaron sus facultades legales como se ha pretendido. El contrato es, pues, válido en este concepto.
Que tampoco se ha justificado que en su ejecución se haya invertido una suma mayor en obligaciones de pavimentación, que la de dos millones autorizada por la ley número 485; pues, a este respecto, no se ha rendido en el término probatorio justificación alguna que así lo demuestre; no pudiendo tampoco ser ella inducida de las posiciones de fs. 193 absueltas en rebeldía del socio señor Boillat, aún dando a éste por confeso, puesto que en las preguntas del respectivo pliego aparecen englobadas las obras construidas por los actores, en los tres diversos contratos, cuyo importe individual o parcial no se indica siquiera, como hubiera debido hacerse, para la claridad y eficacia de esta probanza, Los demandantes no niegan haber sido íntegramente pagados de lo que se les debía por razón de los dos primeros, según se ha dicho ya, no así del tercero, en el cual afirman que existe el saldo que reclaman y que, a su vez la provincia reconoce adeudar; y por consiguiente, la justificación de que en la totalidad de los trabajos de afirmados hechos por los actores, la provincia les ha abonado una suma mayor que la autorizada por sus leyes especiales, no constituye, por sí, la prueba de que ese exceso se ha producido en pagos hechos con ocasión del contrato de marzo de 1910, que es lo que ha debido probarse.
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Año: 1914, CSJN Fallos: 120:16
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