te lugar a la acción, la Corte Suprema de Justicia de la provincia invalidó seis de las cláusulas constitucionales impugnadas en la demanda.
Concretamente, declaró la nulidad parcial de las siguientes disposiciones: artículo 41, inciso segundo -en punto a las atribuciones de la provincia para propiciar acuerdos con estados extranjeros e instituciones privadas relativos a la prohibición de ingreso de residuos peligrosos y radiactivos-; artículos 48, 49 y 67, inciso 26 -en cuanto establecían mayorías legislativas diferenciadas para decidir la acusación, destitución y declaración de inhabilidad del Gobernador y del Vicegobernador; ello, en comparación con las mayorías requeridas, para los mismos supuestos, con respecto a las autoridades superiores de otros poderes del Estado-; artículo 68, parte final -en lo concerniente a las facultades del Vicegobernador para fijar la dieta de los legisladores-; y artículo 101, inciso 2", párrafo cuarto -en la porción que atribuía al silencio legislativo un efecto convalidatorio con respecto a los decretos de necesidad y urgencia-.
3) Que, para fundar su decisión, la corte provincial desarrolló los siguientes argumentos:
a) En cuanto a la legitimación de los actores, la admitió sobre la base de lo dispuesto por el artículo 90 in fine del Código Procesal Constitucional local, que habilitaba "la defensa por parte de cualquier persona o asociación de los intereses públicos que se encuentran protegidos explícita o implícitamente por el orden jurídico nacional y provincial o internacional aplicables en la Provincia".
Al respecto, explicó que "la jurisprudencia provincial consolidada con autoridad de cosa juzgada a partir del caso líder "Colegio de Abogados", tiene sentado que existe en Tucumán por creación pretoriana y por mandato de la ley procesal constitucional una acción declarativa de inconstitucionalidad local diferente y de excepción (una excepcional acción declarativa, preventiva y directa contra normas jurídicas generales... que es connaturalmente una acción de incidencia colectiva' "en defensa del interés público" y está habilitada en "el conjunto procesal formado por los arts. 89 y 90 del código procesal constitucional de Tucumán", con alcance tal que "a la admisión exclusiva del particular damnificado se le sumó la acogida amplia de cualquier persona o asociación comprometida con la defensa de los intereses públicos que se encuentran protegidos explícita o implícitamente por el orden jurídico
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Año: 2024, CSJN Fallos: 347:1112
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