La defensa se agravió, en primer término, por considerar que la resolución es arbitraria pues B fue condenado por el delito de privación ilegítima de la libertad no obstante que, si bien formó parte de la comisión policial que aprehendió a H D R (que en ese entonces tenía 16 años de edad y había sido denunciado por vía telefónica como presunto responsable del robo de una vaca), tras conducirlo a la comisaría de la localidad de Azara, provincia de Misiones, "salió a hacer rondas y no estuvo en la comisaría en toda la noche". Asimismo, sostiene que se realizaron las diligencias para tratar de ubicar a su padre, quien se hizo presente horas después en la dependencia policial, puesto que no convivía con el nombrado y se encontraba trabajando en la provincia de Corrientes.
En segundo lugar, puso de manifiesto que la víctima incurrió en innumerables contradicciones y mentiras durante la instrucción y el juicio de este proceso, que incluso el máximo tribunal provincial reconoció que éstas existieron pero les restó trascendencia y, aun así, con prescindencia de ello, constituyeron el basamento de una condena sin mayor sostén -apoyada en la sola voluntad de los jueces- y fundaron el rechazo del recurso de casación impetrado.
Por otra parte, las respectivas defensas destacaron -en síntesis- la falta de fundamentación probatoria en cuanto a los hechos constitutivos de vejaciones y apremios ilegales por los que fueran condenados sus asistidos, tanto por las contradicciones de H D R como por los "comentarios del pueblo" que hizo mención la testigo Élida A pues en todo caso debió prevalecer el principio de inocencia "que nadie está obligado a probar", dado que no se arribó con certeza a la solución.
Por el contrario, esgrimen que la duda debió favorecerlos, más aun teniendo en cuenta que la fiscal en su alegato solicitó la absolución de los imputados en tal virtud.
En suma, expresan que la resolución recurrida presenta serios vicios de fundamentación en tanto omitió efectuar una verdadera revisión de la sentencia condenatoria conforme la doctrina establecida por V.E. in re "Casal".
II
En torno a la primera cuestión, relativa al agravio vinculado con la falta de elementos de convicción para arribar a la condena de Ángel Aníbal B por el delito de privación ilegítima de la voluntad, que también comprende a Gustavo Javier P estimo que las respectivas apelaciones federales carecen de sustento.
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Año: 2022, CSJN Fallos: 345:1261
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