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dos en el marco de un procedimiento ante el Jurado de Enjuiciamiento art. 25, inc. 7", ley 24.937, texto según ley 26.855).

Es decir que el sector político puede tomar por sí mismo decisiones de significativa trascendencia en numerosos aspectos del funcionamiento del Consejo y, en especial, en cuestiones estrechamente vinculadas con los procedimientos de nombramiento y remoción de magistrados.

13) Que, como se enfatizara en los precedentes "Rosza" (Fallos:

330:2361 ), "Aparicio" (Fallos: 338:284 ) y "Uriarte" (Fallos: 338:1216 ), "los procedimientos constitucionales que regulan la integración de los tribunales han sido inspirados en móviles superiores de elevada política institucional, con el objeto de impedir el predominio de intereses subalternos sobre el interés supremo de la justicia y de la ley. Las disposiciones que rigen esos procedimientos se sustentan, pues, en la aspiración de contar con una magistratura independiente e imparcial".

Lo mismo cabe decir de los procedimientos vinculados con la eventual remoción de magistrados. No debe perderse de vista que en nuestro esquema constitucional todo lo relativo a la estabilidad y permanencia de los jueces, en tanto garantías de las que los magistrados gozan como forma de asegurar su independencia (conf.

"Uriarte"; doctrina también mencionada en Fallos: 314:881 ; 315:2386 ; 324:1177 ; 325:3514 , entre otros), ocupa un lugar tan importante como los aspectos vinculados a su nombramiento (arg. de Fallos: 336:760 citado, considerando 41). Procedimientos de designación y garantías de estabilidad y permanencia no son sino dos caras de una misma moneda, orientadas a la realización de aquella aspiración constitucional central de gozar de un Poder Judicial integrado por jueces independientes e imparciales y, de ese modo, afianzar la justicia, de acuerdo con la manda preambular.

En ese marco constitucional, la posibilidad con que cuenta el sector político de realizar acciones hegemónicas en aspectos estrechamente vinculados con la designación y eventual remoción de magistrados resulta contraria al equilibrio de representación exigido por el art. 114 de la Constitución Nacional y frustra los objetivos de despolitizar parcialmente ambos procesos y, de ese modo, aumentar la independencia judicial, que se fijaron los constituyentes de 1994 al sancionar esa norma.

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Año: 2021, CSJN Fallos: 344:3661 
Extraido de : https://universojus.com/csjn/tomo-344/pagina-3661