no impide que los créditos fiscales puedan ser perseguidos y ejecutados mediante el embargo de otros bienes o ingresos posconcursales no destinados al pago de salarios, lo cual permitiría evitar que peligre la continuidad de la explotación.
Subraya que el principio protectorio exige aplicar las normas más favorables al trabajador e interpretar su alcance en el sentido más beneficioso para éste. Considera que, a la luz de ese principio y de los instrumentos internacionales supra citados, el trabajador es un sujeto de preferente tutela.
Enfatiza que la medida adoptada por el juez de primera instancia es consistente con esa protección.
Alega que la sentencia reviste gravedad institucional porque se encuentra en juego un derecho fundamental para la democracia, esto es, la libertad de expresión. Destaca que la concursada es un medio de comunicación de alcance nacional por lo que la conservación de la empresa se vincula con la dimensión colectiva de ese derecho y con la existencia de una pluralidad de voces.
Agrega que esa cuestión fue ponderada en la homologación del acuerdo preventivo de "Editorial Perfil" confirmada por la cámara.
II-
En mi opinión, el recurso extraordinario interpuesto por la fiscal general fue mal denegado puesto que la Constitución Nacional (art.
120), la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal 27.148 (arts. 1, 2, incs. a,b, c, d y 9, y 31, incs. b, c y e) y la Ley de Concursos y Quiebras 24.522 (art. 276) reconocen su legitimación para impugnar la sentencia que pone en riesgo la conservación de la empresa concursada, el mantenimiento de la fuente de trabajo y la continuidad del servicio de comunicación.
El artículo 120 de la Constitución Nacional dispone que el Ministerio Público es un organismo independiente y autónomo que tiene una función específica en la administración de justicia, a saber, "promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad".
Esos principios son ampliamente receptados por la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal. En el mismo sentido, los instrumentos internacionales abogan por la defensa de la independencia y la autonomía de los fiscales (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, "Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia.
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Año: 2021, CSJN Fallos: 344:2964
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