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Para una mejor comprensión de la cuestión traída a conocimiento, estimo conveniente reseñar brevemente el trámite de la causa.

1. El 10 de julio de 2014, diecisiete defensores departamentales integrantes del Consejo de Defensores de la Provincia de Buenos Aires se presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de esa provincia, en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional, en el legajo de ejecución del fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 3 de mayo de 2005 en el habeas corpus colectivo "V " (£t. 75/86).

Denunciaron la persistencia de la violación de los estándares que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró aplicables a las condiciones de detención, el agravamiento comparativo de la situación de hacinamiento respecto de la que existía en 2005, el incumplimiento de puntos resolutivos de la sentencia citada y el retroceso en la etapa ejecutiva.

En ese sentido, afirmaron que el número de personas detenidas en las cárceles y establecimientos policiales bonaerenses exhibe una alarmante tendencia ascendente, lo que provoca niveles de sobrepoblación cada vez mayores y un agravamiento crónico de las condiciones de detención de sus asistidos. Explicaron que luego del período de descenso que siguió a la ejecución del fallo "V " la población carcelaria retomó su ritmo creciente y superó la marca histórica que había motivado aquella sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Señalaron que la resolución n" 642 del Ministerio de Seguridad provincial, que ordenó la rehabilitación de los calabozos ubicados en dependencias policiales que habían sido clausurados y autorizó el alojamiento de aprehendidos y detenidos hasta que tuvieran cupo en unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense, constituye un alzamiento contra lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Sostuvieron que los informes de los Comités Departamentales presentados ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia bonaerense durante el proceso de ejecución de la sentencia, así como de los informes del Consejo de Defensores en materia de hacinamiento y salud que acompañaron, dan cuenta de las condiciones ominosas en que se cumplen las privaciones de libertad en la provincia. De esos documentos surge, en particular, la insuficiencia crónica de las prestaciones sanitarias y de alimentos, el déficit en la higiene y el deterioro de los establecimientos, y las deficiencias en las herramientas de tratamiento y el personal penitenciario.

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Año: 2021, CSJN Fallos: 344:1111 
Extraido de : https://universojus.com/csjn/tomo-344/pagina-1111