CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
La interpretación del carácter de la Corte como órgano supremo y cabeza del Poder Judicial con apoyo en el art. 27 de la Constitución Nacional, lejos de haber sido alterada por la reforma de 1994, ha sido reafirmada con ella, cuando el constituyente, al otorgar jerarquía constitucional a la CADH, estableció expresamente que sus normas no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución, reafirmando la plena vigencia de los principios de derecho público establecidos en la norma fundamental como valladar infranqueable para los tratados internacionales.
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A partir de la cláusula contenida en el art. 27 de la Constitución Nacional no es posible hacer prevalecer automáticamente, sin escrutinio alguno, el derecho internacional -sea de fuente normativa o jurisprudencial- sobre el ordenamiento constitucional (Voto del Dr. Horacio Rosatti).
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El punto de la parte resolutiva de la sentencia de la Corte Interamericana que dispuso que el Estado argentino debía dejar sin efecto la condena civil impuesta en su pronunciamiento anterior debe ser interpretado de manera armónica con el ejercicio de la máxima potestad jurisdiccional estatuida en el sistema republicano sostenido por el ordenamiento constitucional argentino (arts. 1°, 108 y 116 de la Constitución Nacional) ya que de lo contrario se erigiría al tribunal internacional como una instancia "revisora" o "casatoria" de decisiones jurisdiccionales estatales, categoría que excede el carácter coadyuvante y complementario de la jurisdicción internacional (Voto del Dr. Horacio Rosatti).
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El deber de cumplir la decisión adoptada por la Corte Interamericana responde a un principio básico del derecho sobre la responsabilidad internacional del Estado, según el cual los Estados deben acatar sus obligaciones convencionales internacionales de buena fe (pacta sunt servanda) y de conformidad con lo dispuesto en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, no pueden por razones de
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Año: 2017, CSJN Fallos: 340:49
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