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39) Que la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó lo resuelto por el Tribunal Fiscal.

Para pronunciarse en el sentido indicado, señaló que la causal de responsabilidad en que se funda la determinación efectuada por el organismo recaudador es de carácter represivo y condicional pues nace a raíz de la violación de un deber impuesto al tercero, por lo que, al no haberse juzgado la conducta infraccional del contribuyente —el señor Posadas—, mal puede sustentarse la responsabilidad solidaria de otro en el inc. e, del art. 8" de la ley 11.683, en tanto la supuesta evasión no tiene respaldo en ninguna resolución administrativa ni judicial. Señaló al respecto que por el período diciembre de 1996 no surgía de la decisión administrativa los detalles de la sanción que se habría aplicado al deudor principal, en tanto que por los restantes períodos se dispuso la suspensión prevista en la ley 24.769.

Agregó que la AFIP al cuestionar la conducta del actor, endilgándole haber sido el organizador de distintas maniobras ardidosas tendientes al ocultamiento de operaciones de compraventa de cereales a través de la interposición de contribuyentes formales —en el caso, personas físicas insolventes—, le estaba asignando, indirectamente, el carácter de un auténtico contribuyente que pretendía mantenerse oculto ante el Fisco con dicho proceder, lo que resultaba contradictorio con la imputación formulada de responsabilidad en facilitar el accionar de otro.

49) Que contra lo así decidido, el Fisco Nacional interpuso recurso extraordinario (fs. 253/264), que fue concedido por el a quo a fs. 277.

El recurrente sostiene que la sentencia interpretó indebidamente el alcance del inc. e, del art. 8° de la ley 11.683, desentendiéndose de su cabal sentido. Afirma que el actor, en su carácter de contador público, participó directa y personalmente en la evasión de tributos en que incurrió el deudor principal, toda vez que favoreció materialmente esa acción a través de un auxilio indispensable. Por lo tanto, aduce que se encuentran acreditados los requisitos subjetivos para atribuirle la responsabilidad solidaria. Con tal comprensión, afirma que el a quo "exigió un requisito que la ley no contempla, al señalar que debe ser juzgada la conducta del deudor principal para poder aplicar la solidaridad de los terceros, en los términos del art. 8", inc.

e, de la ley ritual" (fs. 260 vta.).

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Año: 2014, CSJN Fallos: 337:351 
Extraido de : https://universojus.com/csjn/tomo-337/pagina-351