292 336 pago" (fs. 11).
5) Que, a su turno, el a quo consideró aplicable la calificación de los artículos 173 inc. 15 y 283 en función del art. 285 del Código Penal, es decir, estafa y alteración de moneda de curso legal, en concurso real. Sobre esa base, teniendo en cuenta el artículo 7, inciso c del tratado aplicable y la escala penal aplicable —un mes a seis años y uno a cinco años de prisión— como así también el tiempo transcurrido desde el llamado a indagatoria (17 de febrero de 1999) y el pedido formal de extradición receptado por la Procuración General de la Nación 14 de agosto de 2007), entendió que ha operado la extinción de la acción penal por prescripción, conforme a nuestro propio derecho sustantivo (fs. 288 vta.).
6) Que la ley 25.065 regula diversos aspectos vinculados con el sistema de tarjetas de crédito, compra y débito y lo define como el "conjunto complejo y sistematizado de contratos individuales cuya finalidad es: a) posibilitar al usuario efectuar operaciones de compra o locación de bienes o servicios u obras, obtener préstamos y anticipos de dinero del sistema, en los comercios e instituciones adheridas; b) diferir para el titular responsable el pago o las devoluciones a fecha pactada o financiarlo conforme algunas de las modalidades establecidas en el contrato; c) abonar a los proveedores de bienes o servicios los consumos del usuario en los términos pactados" (artículo 1).
Asimismo, el artículo 4, consagra que "Se denomina genéricamente Tarjeta de Crédito al instrumento material de identificación del usuario, que puede ser magnético o de cualquier otra tecnología, emergente de una relación contractual previa entre el titular y el emisor", entendido éste como la entidad financiera, comercial o bancaria que emite tarjetas de crédito o que haga efectivo el pago de las mismas (artículo 2, inciso a). .
7) Que, a su turno, el artículo 5 señala que el
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Año: 2013, CSJN Fallos: 336:292
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