312 TALLOS DE LA CORTE SUPREMA 230 sólo en este supuesto la sanción de un nuevo precepto producirá la derogación de las normas que tuvieron su razón de ser en el antiguo Fallos: 318:567 ; 315:274 ).
En ese orden de ideas, aprecio que la subsistencia de la prohibición de informar establecida en el art. 53 de la ley 25.065 resulta incompatible con el nuevo sistema legal. En efecto, el art. 26 de la ley 25.326 ha legitimado la prestación de los denominados "informes comerciales" para evaluar la solvencia y el riesgo crediticio, cuando se recojan datos de carácter patrimonial de fuentes accesibles al público o procedentes de informaciones facilitadas por el interesado o con su consentimiento y, además, autoriza la recolección de datos sobre morosidad facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés (incisos 1 y 2). Asimismo, introduce reglas especiales con relación al derecho de acceso, la caducidad de los datos y la exención del consentimiento para su transmisión, siempre que se observe la finalidad comercial o crediticia para la cual se obtuvieron (incisos 3, 4 y 5).
Por otra parte, en su art. 4 consagra el principio de calidad de los datos, según el cual, éstos deben ser ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos con relación a la finalidad de su registración (inciso 19 y deben ser exactos y actualizarse en el caso de que ello fuere necesario inciso 4).
La prohibición de informar datos sobre morosidad a las bases de datos de antecedentes crediticios con relación a los usuarios titulares de tarjetas de crédito (tal es el marco de esta acción) fue dispuesta en circunstancias en que aquellos carecían del andamiaje de protección legal que ha proporcionado la ley 25.326, cuyo acatamiento está garantizado por vías administrativa —con la creación de una autoridad de control con potestad disciplinaria (art. 29 y 31)-y judicial, mediante la acción de hábeas data introducida por la reforma constitucional de 1994, cuyo trámite reglamentó (art. 33 y ss). Aquélla restricción aparece incompatible con el nuevo régimen sancionado para la prestación de servicios de información crediticia, cuya legitimidad ha obtenido reconocimiento legal, en razón de la función que cumple para proveer a la transparencia de los mercados.
Además, la exigencia de calidad y pertinencia de los datos que la ley 25.326 erige como principio rector (art. 4), se vería afectada por una disposición que implica escatimar a las bases de datos crediticios información sobre deudas que es obligatorio proveer al Banco Central —y que éste incorpora a su Central de Deudores del Sistema Financie7 Us +-MARZO-300,065 2 20/2/2007, 1755
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Año: 2007, CSJN Fallos: 330:312
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