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sión delo acontecido. Sostienesu irresponsabilidad, y atribuye los daños a la culpa de personas desconocidas por las que no debe responder.

Expone que cinco mil personas perfectamente organizadas, después de destruir la Casa de Gobierno y el Palacio de Tribunales, se dividieron en columnas y se disper saron por la capital, destruyendo a su pasola Legislatura, así como también las casas de funcionarios y de algunos particulares.

Afirma que desconoce los motivos por los cuales la turba atacó la vivienda del ingeniero López Casanegra, y que la pdicía provincial hizo todo lo que estaba a su alcance para proteger a los actores, su familia y bienes, no obstante lo cual fue superada por el número de personas que invadió la casa.

Niega quel os efectivos policiales se hayan replegado y acuartelado en la Jefatura Central. Expone que, por el contrario, se desplegó un amplio operativo de represión en el que intervinieron todos los policías de la ciudad capital, el Cuerpo de Guardia de Infantería y el Departamento de Operaciones Policiales, que permitió la detención de ciento cincuenta personas y la recuperación de "innumerables" bienes muebles, los que fueron devueltos a sus respectivos dueños.

Reitera que fue superada en su capacidad de reacción por el númerode manifestantes, y porque éstos se organizaron para atacar —a un mismo tiempo- distintos objetivos alejados unos de otros. Reconoce que agotó sus pertrechos, los que fueron utilizados en las manifestaciones del 11 y 12 de noviembre del mismo año, y que noutilizóarmas de guerra para evitar que se produjera una verdadera masacre.

Cuestiona el monto reclamado y los rubros que lo integran. Invoca los arts. 1066 y sgtes. del Código Civil, cita doctrina y jurisprudencia que considera aplicable. Pide que se rechace la demanda, con costas.

111) A fs. 254/262 se presenta el Estado Nacional (Ministerio del Interior) y contesta la demanda. Realiza una negativa general de los hechos invocados. Sostiene que no puede imputársele responsabilidad alguna, dado que el poder de policía de seguridad ha sido reservado por las provincias, y por lo tanto, las consecuencias derivadas de su ejercicio o las deficiencias en la prestación del servicio son ajenas al gobierno nacional. En este sentido, plantea la falta de legitimación

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Año: 2006, CSJN Fallos: 329:3171 
Extraido de : https://universojus.com/csjn/tomo-329/pagina-3171