precepto asegura la adecuada divulgación y la necesidad de dar certeza de autenticidad al texto legal.
En loreferente ala restitución de los gastos de remoción, puntualizó que DVBA pretende —por vía de un convenio— desconocer el derechoalaestabilidad en el uso y ocupación del dominio público, que ha sido otorgado a la concesionaria por una norma federal de superior jerarquía a una disposición local. Agregó que ninguna circunstancia ha cambiado desde que V.E., en 1983, ratificara la constitucionalidad de aquel derecho al reintegro.
Por último, en orden al "arancel" fijado por el art. 82, inc. a), del decreto provincial 922/73, señaló que la solución adoptada amenaza no sólo la estabilidad tributaria del contrato de concesión sino también la coherencia y unidad en la reglamentación de un servicio público que se extiende a través de varias jurisdicciones, poniendo en riesgo su normal prestación.
— 1 A mi modo de ver, el remedio federal es formalmente admisible, toda vez que se ha puesto en tela de juiciola validez e inteligencia de una norma federal (decreto 714/92 y sus anexos) y la decisión definitiva del superior tribunal dela causa ha sido contraria al derecho queel recurrente ha sustentado en ellas (art. 14, incs. 1° y 3°, delaley 48).
—IV-
En primer lugar, cabe recordar que, por discutirse el contenido y alcance de normas de derecho federal, el Tribunal no se encuentra limitado por los argumentos de las partes o del a quo, sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre el punto disputado (Fallos:
319:2886 ; 320:1602 ; 323:1406 , 1460 y 1656, entre muchos otros).
Sobre esta base, entiendo que corresponde examinar primero los agravios dela actora relativos a la oponibilidad aDVBA delosarts. 17, 21 y 34 del contrato de concesión, aprobado por decreto 714/92 e integrantedel mismo(cfr.art. 9°).
Al respecto, considero que asiste razón a la recurrente, pues el requisito de publicidad del acto encuentra debido cumplimiento en las
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Año: 2006, CSJN Fallos: 329:2979
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