del testigo y, al mismo tiempo, se da cumplimiento a la producción de prueba ordenada de forma de no afectar otros derechos también en juego en el juicio político.
13) Que en el mismo sentido debe tenerse en cuenta que la garantía constitucional impide que se obligue a una persona a declarar contra sí mismo pero no prohíbe que lo haga a favor de sí mismo. Esa opción, que se encuentra tutelada por el sistema legal, no ha sido tratada por el legislador como un impedimento, incapacidad o inhabilidad y se desprende de los derechos inalienables que posee una persona de defender se en cualquier instancia.
Hacerlo como testimonio por el carácter combinado y desordenado delos hechos mezclados entre sí, no debería ser un obstáculo y, menos aún, si el testigo se encuentra relevado de hacerlo y no obstante ello toma la decisión de aportar cuanto sabe sobre el hecho.
Con ello se pretende distinguir los rangos procesales de los sujetos intervinientes y dejar perfectamente en claro que las causas donde son citados poseen una naturaleza muy diferente por ser una de tipo político y la otra criminal. Por otroladoel ral por el que se encuentran vinculados a cada una de ellas resulta distinto en virtud a que en una son acusados y en otra son testigos. Unir ambas calidades anticipadamente hace presumir una inadecuada promiscuidad de los procesos y dela utilidad y exigibilidad de las declaraciones, en orden a diferentes principios procesales, tanto de adquisición de la prueba como las garantías constitucionales.
De modo que al atender solo a una de ellas puede afectar ala segunda o viceversa, lo que ha conducido al Jurado a establecer pautas que reglan estas manifestaciones afin de no menoscabar el derechode declarar contra sí mismo, ni suprimir el otro, que es el de deponer sobre hechos que hayan sucedido en dominio de sus sentidos y que sean de interés para este proceso.
14) Que, en ese orden de ideas, procede separar la función detestigo en cuanto a su inhabilidad desde dos perspectivas establecidas por la ley supletoria en loreferido a su incapacidad y en su incompatibilidad de prestar testimonio.
La ley adjetiva establece, a partir del sistema de valoración de la prueba imperante, queno existe ninguna causal quereleve a una per
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Año: 2005, CSJN Fallos: 328:5465
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