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es revocada por la alzada a instancias del agente fiscal el 22 de diciembre de ese año (fs. 2013); se ordena la ampliación de declaraciones testimoniales; cuatro años después de la última ampliación se amplía nuevamente la indagatoria a Barra (fs. 2379) el 13 de septiembre de 1996, acto procesal que se repite —por séptima vez— el 27 de agosto de 1997 (fs. 2560). Luego de la dilatada instrucción —ya llevaba nueve años-, el 28 de noviembre de 1996 se dio traslado de la causa al representante del Ministerio Público por el cierre del sumario; vista que fue contestada el 3 de febrero de 1997 con el pedido de nuevas medidas de prueba fs. 2403/2416). Transcurrido aproximadamente un año, el 4 de diciembre de 1997 (fs. 2598), se dio intervención al agente fiscal a idénticos fines, quien volvió a pedir la producción de prueba (fs. 2599/2600). Finalmente el 4 de septiembre de 1998 se decreta la clausura del sumario, cumpliéndose con la acusación fiscal el 24 de febrero de 1999, con un pedido de pena de prisión de tres años por el delito de defraudación por administración fraudulenta.

De la compulsa de las mismas surge que transcurrieron once años y cinco meses desde el inicio hasta la acusación fiscal y todavía restaría una parte sustancial para su culminación pues falta concluir los traslados a la defensa, la apertura y realización de medidas de prueba que puedan requerir las partes, llevar a cabo los informes sobre el mérito de la prueba realizada, cumplir con la audiencia de visu e informes de los arts. 40 y 41 del Código Penal, llamar a autos para sentencia, dictar sentencia y, finalmente, cualquiera que sea el resultado de ésta, resta tratar la segunda instancia por las posibles impugnaciones que harán las partes acusadoras y defensores.

14) Que resultan especialmente aplicables al sub lite, dado que guardan estrecha similitud con la situación planteada en estas actuaciones, las consideraciones efectuadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en oportunidad de resolver el caso "Eckle". En el mismo, se atribuían al imputado Eckle numerosos delitos cometidos en ejercicio de su actividad económica, y la quiebra a la que había llegado parecía ser fraudulenta. Ello dio origen a tres procesos diferentes en tres jurisdicciones distintas (sólo en 1965 fue necesario recibir trescientos sesenta y cinco testimonios, ciento seis de ellos fuera del país).

Dos de ellos duraron algo más de diecisiete y diez años respectivamente (la totalidad del trámite, incluso recursos constitucionales), El Tri

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Año: 2004, CSJN Fallos: 327:345 
Extraido de : https://universojus.com/csjn/tomo-327/pagina-345