326 cio un decreto provincial mediante el cual el Estado local ha dispuesto la inejecutoriedad de un asiento dominial correspondiente al Registro de la Propiedad Inmueble y de Mandatos de su jurisdicción local.
4) Que es doctrina del Tribunal que si se hallan en juego cuestiones concernientes a derecho público local, el litigio no debe ventilarse en la instancia originaria de la Corte, ya que el respeto de las autonomías provinciales requiere que se reservea sus jueces el conocimiento y decisión de las causas que en lo sustancial versan sobre aspectos propios del derecho provincial, dictado en uso de las facultades reser vadas a las provincias (arts. 121 y 122 de la Constitución Nacional; Fallos: 318:2534 ).
5) Que en este sentido, debe señalarse que la competencia originaria de la Corte en razón de la materia procede tan sólo cuando la acción entablada se basa "directa y exclusivamente" en prescripciones constitucionales de carácter nacional, leyes del Congresoo tratados, de tal suerte que la cuestión federal sea la predominante en la causa, pero no cuando se incluyen temas de índole local y de competencia de los poderes provinciales (Fallos: 318:2534 ).
El hecho de que el actor sostenga que el decreto provincial 1369/00, que dispone la inejecutoriedad y modificación del asiento ante el registro, es inconstitucional, nofunda la competencia originaria del Tribunal en razón de la materia, pues la cuestión federal no esla predominante en la causa si para resolver la cuestión planteada, como sucede en la especie, deben examinarse normas y actos que son de competencia de los poderes locales (Fallos: 240:210 ; 291:232 ; 292:625 ; 318:2534 ).
Por ello, se resuelve: Declarar la incompetencia de esta Corte para entender en esta causa por vía de su instancia originaria. Notifíquese.
JuLIO S. NAZARENO — AUGUSTO César BeLLuscio — ENRIQue SANTIAGO PETRACCHI — GUILLERMO A. F. LóPez.
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Año: 2003, CSJN Fallos: 326:322
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