Considerando:
1) Que la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial confirmó el pronunciamiento de la instancia anterior que hizo lugar ala medida cautelar solicitada por la concursada, consistente en que la Dirección General Impositiva se abstuviese de dar por decaída la moratoria a que aquélla se había acogido (decreto 493/95 y resolución 4077/95), en el supuesto de que no se la cancelara en efectivo. El juez de grado, para otorgar esa medida, tuvo en cuenta que la concursada pretendía que se declarase la compensación del crédito que en definitiva severifique a favor del organismorecaudador con el crédito queella tendría contra el Estado Nacional. En consecuencia, otorgóla cautela por el monto que resulta de la resolución 230/96.
2) Queel tribunal de alzada, tras señalar que la concursada manifestó su imposibilidad de responder a las obligaciones contraídas en virtud del acogimiento del plan de pagos de la deuda a la que se hizo referencia, que se encontraba pendiente de decisión en sede administrativa el pedido de compensación, y que de no admitirse la medida cautelar renacería un crédito quirografario declarado inadmisible en su momento, para fundar su decisión se limitó a sostener que "el recurso de la acreedora debe desestimarse, porque la verosimilitud del derecho necesaria para la procedencia detoda medida precautoria...es suficiente] dentro del marco cautelar por el reconocimiento parcial de la compensación alegada por la concursada ocurrida en la Resol.
230/96" (fs. 262).
3) Que contra lo así decidido el Fisco Nacional inter puso recurso extraordinario (fs. 264/269 vta.), que fue concedido mediante el auto defs. 289/290.
4) Que aun cuandoloresuelto en la causa noreviste, en principio, el carácter de sentencia definitiva que haga viable el remedio federal interpuesto (Fallos: 300:1036 ; 308:2006 ; 312:553 , entre otros), en el sub lite se configura un supuesto de excepción, tal comolo ha establecidoeste Tribunal en conocidos precedentes (Fallos: 312:1010 ; 313:1420 y 316:2922 , entreotros), ya que lo decidido excede el interésindividual de las partes y atañe también a la comunidad en razón de su aptitud para perturbar la oportuna percepción de la renta pública. Esta circunstancia, a la que se suma que los agravios del apelante se fundan en la aplicación de normas de carácter federal justifica la intervención de la Corte por la vía intentada.
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Año: 2003, CSJN Fallos: 326:1554
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