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2?) Que para así decidir sostuvo que "en virtud del paulatino deterioro operado en el valor adquisitivo de los importes nominales de los haberes", que deriva "del proceso inflacionario que afectara nuestro signo monetario" y que genera "la disminución de sus valores reales", se vio frustrada "la garantía de la intangibilidad a su respecto". Asimismo, rechazó la defensa de prescripción que articulóla demandada con fundamento en el art. 4032 del Código Civil y, por último, sin que mediara pedido de parte, dedaróla inconstitucionalidad delosarts. 7, 10 y 13 delaley 23.928, de convertibilidad del austral, y dela ley 4558, de consolidación de la deuda pública provincial.

3?) Que el recurrente sostiene, en síntesis, que: a) no surge de autos que el Estado provincial haya incurrido en incumplimiento de la garantía de la intangibilidad de las remuneraciones que ampara a los actores sino que, por el contrario, el gobierno de la provincia efectuó importantes recomposiciones salariales a los magistrados, mejoras que fueron muy superioresa las de otros sectores del empleo público; b) no resulta aplicable al caso el plazo de prescripción establecido por el art. 4027 del Código Civil sino el del art. 4032; c) la declaración de inconstitucionalidad de las leyes 23.928 y 4558 —-decretada de oficio— viola el principio de congruencia y el dela defensa en juicio; y d) estas leyes no son vidlatorias de ninguno de los derechos consagr ados en la Constitución Nacional o provincial y, dictadas con fundamento en el ejercicio del poder de policía de emergencia del Estado, procuran asegurar la supremacía del interés general y eliminar la inflación que produce la corrección por índices del valor monetario.

4°) Que deben desestimarse los agravios del apelante en cuanto atribuyen arbitrariedad a lo decidido en cuanto consideró que los reajustes practicados en las remuneraciones percibidas entre enero de 1984 y abril de 1988 fueron insuficientes para mantener la garantía deintangibilidad dela remuneración de los jueces demandantes y aplicable el plazo de cinco años de prescripción, pues remiten al análisis de cuestiones de hecho, prueba y der echo común, ajenas, como regla y por su naturaleza, alainstancia extraordinaria del art. 14 dela ley 48 máxime cuando, como sucede en el caso, la sentencia cuenta con fundamentos suficientes que la colocan al abrigo de la tacha de arbitrariedad.

5) Que igual suerte corre la queja dirigida a cuestionar la invalidación de laley provincial 4558 porque, según ha resuelto el Tribunal,

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Año: 2001, CSJN Fallos: 324:3237 
Extraido de : https://universojus.com/csjn/tomo-324/pagina-3237