ralas disposiciones de la resolución 284/98 del MJ y ordenó su inscripción en el Registro de Mediadores (fs, 104/108).
Para así resolver, desestimó los planteos relativos a la improcedencia formal de la vía intentada y, en cuanto al tema de fondo, consideró que la actora, al momento de su presentación ante el MJ, había satisfecho todos los requisitos exigidos por el art. 16 del Decreto N° 91/98 para obtener su matrícula de mediadora, es decir, contaba con un derecho adquirido.
—IV- A fs. 129/132 y vta., la Sala II de la Cámara del Fuero, al hacer lugar a la apelación deducida por la demandada, revocó el fallo de la instancia anterior en grado. Sostuvieron sus integrantes que las normas reglamentarias que emite el Poder Ejecutivo, en uso de las atribuciones conferidas por el art. 99, inc. 22, de la Constitución Nacional, si bien subordinadas a la ley, la complementan, por medio de la regulación de detalles indispensables para asegurar su cumplimiento y, con cita de un precedente de la Corte, entendieron que no era motivo suficiente para excluir la aplicación de un decreto, la circunstancia de que hubiese sido aplicado con posterioridad a que el accionante se acogiera a la ley que reglamentaba, puesto que -dado su carácter— integra esta última y explica su sentido ab initio. .
En cuanto a la resolución N° 284/98 del MJ, indicaron que establece la forma en que la idoneidad de los aspirantes será evaluada, precisando y regulando la exigencia que surge de la ley y de su decreto reglamentario, sin agregar otras a las previstas originariamente.
Finalmente, descartaron que se hubiera afectado el derecho de igualdad de la actora, porque si bien aquélla cumplió ciertos requisitos —.
para obtener su inscripción (v. gr. matrícula profesional, espacios físicos adecuados e instancias de capacitación), no pudo alegar razonablemente haber cumplido con la "instancia de evaluación" requerida por el art. 16, inc. 22, del Decreto N° 91/98 y, por ende, no tenía aún derecho adquirido alguno.
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Año: 2000, CSJN Fallos: 323:2721
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