ma que las características del mercado de la provincia harían suponer que de haberse cumplido la prohibición del art. 107 la actora captaría mayoritariamente el segmento publicitario ocupado por el canal fs. 564 y 569) y mediante la utilización de elementos agregados a la causa —en especial las planillas de la Cámara Argentina de Anunciantes agregadas a fs. 505/507 y el informe de la publicación Anuario Margen (fs. 531/556)- arriba a la estimación de fs. 571, resultado de considerar el monto de la facturación de la radio en el año 1990 (período en que existían antecedentes más completos) y multiplicarlo por la relación estimada entre la publicidad televisiva y radial que, para el interior del país, era de 2,77 más en favor de la primera (ver informe Cámara Anunciantes de fs. 505).
Sin embargo, esos datos no reflejan con la precisión necesaria la cuantía de un perjuicio que ya ha sido definido, en cuanto a su naturaleza, como pérdida de una chance. En ese sentido, debe tenerse en cuenta que el perito Naón Argerich hace mérito de las considerables diferencias entre el valor tarifa y el ingreso real, en las que gravitan la intervención de agencias y promotores y las ofertas y bonificaciones (fs. 563), que los promedios asignados a la publicidad en el interior del país no contemplan por su carácter genérico el relativo peso de un mercado reducido como el de San Luis (ver fs. 564), y las reservas que expone la Cámara de Anunciantes sobre las conclusiones de sus informes cuando sostiene que todo cálculo sobre valores brutos conduciría a resultados económicos equívocos al prescindir de los significativos descuentos que se ofrecen, lo que puede "llegar a abultar exageradamente los importes así obtenidos" (fs. 513).
Por otro lado, debe ponderarse que no resulta inevitable que el cese de la publicidad televisiva, por si solo, genere una equivalente derivación al ámbito radial (ver informe de fs. 435/436 y respuestas dadas a la encuesta realizada obrantes a fs. 368/377, cuya autenticidad surge del reconocimiento efectuado a fs. 417, 419, 420, 423 y 428).
Todo ello hace aconsejable resolver el punto mediante la aplicación de lo dispuesto en el art. 165 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación , sin perjuicio de considerar como otra pauta orientativa las estimaciones que en su momento efectuó la propia actora para medir sus expectativas publicitarias (ver fs. 435/436). De tal manera, una prudente aplicación de la norma lleva a fijar el perjuicio sufrido por la actora en la suma de $ 450.000 para cada uno de los períodos anuales que van desde el 20 de noviembre de 1988 hasta el 19 de
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Año: 1998, CSJN Fallos: 321:550
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