perseguidos (Fallos: 160:247 ; 171:349 ; 243:98 ). En el presente, la irrazonabilidad aparecería manifiesta si el requisito exigido para la obtención de la guías forestales -documento indispensable para la circulación de los productos— importara para el actor la imposibilidad de ejercer la industria lícita que es su actividad (art. 14 de la Constitución Nacional).
9) Que la modalidad escogida, ejercitada dentro de la órbita de lo que es materia del poder de policía, excede el marco de razonabilidad antes señalado y encubre bajo esa apariencia una pretensión fiscal que obra, en los hechos, como una suerte de impedimento para la circulación de los productos forestales de modo tal que gravita negativamente sobre la actividad productiva al punto de dificultarla, en contradicción con los planes de desarrollo que la legislación específica debe perseguir. De esa manera, los medios escogidos para la recaudación de tributos carecen de relación real con el objetivo perseguido por la legislación forestal de proveer a la policía, higiene y seguridad en el tráfico de los bienes.
10) Que, por último, cabe recordar —como lo hace el dictamen precedente- que en Fallos: 311:2593 , el Tribunal ha establecido que constituye un exceso de las facultades reglamentarias del ejercicio del poder de policía de seguridad del tráfico de bienes (arts. 104, 108 y 67, inc. 11, de la Constitución Nacional y texto anterior) que el procedimiento establecido a dichos fines opere en sí mismo como "una causa de ingresos fiscales, o modo de controlar el pago de otros gravámenes".
Ello se sostuvo en esa oportunidad—"no es razón suficiente para allanar el contenido de cláusulas constitucionales de cumplimiento ineludible".
Por ello se decide: Hacer lugar a la demanda y declarar la inconstitucionalidad de la ley 2256. Con costas.
Teniendo en cuenta la labor desarrollada en el principal y de conformidad con lo dispuesto por los arts. 6?, ines. b, e, y d; 10, 37, 38 y concs. de la ley 21.839, se regulan los honorarios del doctor José Manuel Irizar en la suma de mil doscientos pesos ($ 1.200) y los del doctor Rodolfo R. Spisso en la de tres mil pesos ($ 3.000).
Asimismo, por la tarea cumplida en el incidente resuelto a fs. 78 y 84, se fija la retribución de los doctores Humberto Augusto Schiavoni
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Año: 1996, CSJN Fallos: 319:1952
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