20) Que determinado, entonces, que bajo la expresión "ahorro forzoso" el Congreso estableció un nuevo tributo, corresponde examinar los restantes agravios, esto es, si la norma se ajusta a las pautas que le confieren validez constitucional. Desde esta perspectiva, el recurrente sostuvo que la obligación establecida por la ley 23.256 tiene carácter retroactivo y que es improcedente la reapertura de un ejercicio económico definitivamente cerrado, pues sus efectos habrían quedado consolidados y protegidos por el art. 17 de la Constitución Nacional.
21) Que, al respecto, cabe señalar que la citada ley estableció a cargo de los particulares una obligación que debía satisfacerse en los años 1985 y 1986, cuya determinación se efectuaría sobre la base de las liquidaciones de los impuestos a las ganancias, a los capitales y sobre el patrimonio neto correspondientes al ejercicio del año 1984, con las adiciones, sustracciones y ajustes que expresamente establecióel texto legal. A tal fin la ley presumió que la aptitud económica de los contribuyentes verificada en el período de base subsistía en los ejercicios en los que eran aplicables sus disposiciones. Tal presunción no obstaba a la posibilidad de demostrar modificaciones en la "capacidad de ahorro", las que podían, según los casos, o bien excluir al sujeto de la obligación, o bien reducir el importe de ésta. Ello fue reglamentado por el decreto 2073/85.
22) Que la circunstancia de que la ley 23.256 tome, como base para determinar la prestación debida por el contribuyente, su situación impositiva correspondiente al ejercicio anterior a su sanción, no autoriza a sostener que la obligación tributaria resultante de dicha ley se retrotraiga a ese período, ni constituya un gravamen adicional a los pagados en éste, pues resulta claro que tal obligación corresponde a los ejercicios en los que debió ser cumplida, y recae sobre una capacidad contributiva cuya subsistencia en ese momento presumió el legislador. De tal modo, no se presenta, en principio, en el régimen bajo examen, el vicio invalidante que mereció el reproche de esta Corte en los casos de Fallos: 310:1961 y 312:2467 , entre muchos otros.
23) Que la presunción establecida por la ley resulta razonable, toda vez que toma en consideración una inferencia lógica a partir de las propias declaraciones juradas de los responsables o de determinaciones practicadas por el organismo recaudador. Debe advertirse que no se trata sino de una modalidad para la determinación del tributo, cuya adopción por parte del legislador tiene cabida en las amplias y discrecionales facultades que posee en materia impositiva. En tales condi
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Año: 1995, CSJN Fallos: 318:736
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