6°) Que con referencia al alcance del régimen de consolidación en el sub lite, en forma reiterada este Tribunal ha establecido quela primera regla de interpretación de un texto legal es asignar pleno efecto a la voluntad del legislador, cuya fuente inicial es la letra de la ley Fallos: 297:142 ; 299:93 ; 301:460 ). Para esta tarea no pueden descartarse los antecedentes parlamentarios que resultan útiles para conooer el sentidoy alcancedelanorma (Fallos: 182:486 ; 296:253 ; 306:1047 ).
7°) Que el examen del textolegal norevela la existencia de disposi ción alguna que permita excluir del régimen previsto a las obligaciones comola del sub examine.
Es más, en el art. 7, inc. b) se determina expresamente la aplicación del sistema de consolidación de deudas a esta dase de créditos alimentarios.
8°) Que, de igual modo, al debatirse el proyecto de ley se destacóla grave crisis en la que se encontraban las finanzas públicas, y las necesidades de atender con recursos genuinos la deuda del Estado Nacional. Se sostuvo que el Estado se hallaba en una situación equivalente a la de un deudor fallido, que era evidente que no podía pagar a sus acreedores, que la alegada situación de quiebra no implicaba un recurso dialéctico al serviciodeintereses políticos, sino una realidad que no debía soslayarse; y que las medidas propuestas comportaban un concordato unilateral del Estado (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, reunión 26 y 27 del 1° y 6 de agosto de 1991, págs. 2122/2123, 2133, 2147 y 2178; Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, págs. 2012, 2029, 2032 y 2039, entre otras).
Cabal muestra del grado al que había llegado la emergencia estatal esel tratamiento dado a las deudas laborales. Debido a que el carácter alimentario de los créditos laborales aconsejaba ubicar a aquéllas en orden preferente de pago -dentro de una escala ideal de prioridades-, fueron situadas en segundo lugar en el orden de prelación establecido en el art. 7° dela ley, y sujetas al régimen de las obligaciones generales.
9°) Que afin de analizar la validez constitucional de la ley 23.982 cabe reiterar que, en la legislación de emergencia, la restricción al ejercicionormal delos derechos patrimoniales tutelados por la Constitución Nacional debe ser razonable, limitada en el tiempo, y también
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Año: 1995, CSJN Fallos: 318:1891
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