dad institucional —traducida en la manifestación acerca de que lo resuelto compromete principios fundamentales de orden social y que afecta intereses fundamentales de la comunidad torna procedente, en este caso, el acceso al remedio federal instituido por el artículo 14 de la ley 48 (Fallos: 314:258 ). Máxime teniendo en consideración que se encuentra en tela de juicio la interpretación de normas federales y la decisión alcanzada ha sido contraria al derecho que la apelante fundó en aquélla (Fallos: 307:198 , entre otros).
5") Que en tales condiciones cuadra puntualizar que mediante la resolución 913/91 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos se estableció que los fabricantes, importadores, mayoristas y minoristas que intervengan en la comercialización de los bienes comprendidos en el art. 1' de la ley 20.680 y los prestadores de servicios también allf incluidos, deberán documentar las operaciones que realicen, mediante factura o documento equivalente, ajustados a las formalidades, datos y demás requisitos exigidos por la resolución 3118 D.G.I.) o la que la reemplace en lo sucesivo (art. 1); adjudicando las tareas de verificación de cumplimiento a los inspectores del organismo recaudador y a los de la Subsecretaría de Industria y Comercio (art. 2"). Dispuso, además, que "con el objeto de resolver en los casos particulares si la comisión de un presunto ilícito impositivo importa a la vez una infracción al régimen de la ley de abastecimiento 20.680, la Dirección General Impositiva remitirá a consideración de la Subsecretaría de Industria y Comercio, copia de las actuaciones administrativas que resulten pertinentes para ese fin" (art. 3"); facultándose la aplicación, en el caso, de asf corresponder, de la medida cautelar contemplada en el art. 12, inc. e, de la ley 20.680 (clausura preventiva de .
locales en que se hubiese constatado la infracción).
6°) Que, ello sentado, cabe precisar, con prioridad a toda ulterior consideración, que la resolución N° 913 (M.E. y O.S.P.) reposa en las previsiones de la ley 20.680 y que mediante el dictado del decreto 2284/ 91, el Poder Ejecutivo se autolimitó al suspender, en principio, el ejercicio de las facultades otorgadas por la citada ley de abastecimiento.
Ello no obstante, la mentada suspensión no involucra a "las facultades otorgadas en el art. 2? inc. c) continuando en vigencia para este supuesto particular las normas sobre procedimientos, recursos y prescripción previstas en la mencionada ley" (art. 4),
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Año: 1993, CSJN Fallos: 316:3082
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