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la inobservancia por parte del demandante de recursos que las leyes de aplicación le acuerdan. .

Defiende, asimismo, la legitimidad de la legislación vigente y, en ese sentido, estudia las disposiciones contenidas en la ley 10.542 cuya vigencia hará que el eje de la controversia en estos autos se centre en su constitucionalidad, la que, a su juicio, aparece nítida por cuanto no se afectan las relaciones interprovinciales, no aparecen vulnerados principios de la organización federal y el derecho de propiedad ni existe violación alguna al art. 7? de la Constitución.

"Puede sostenerse" —dice luego— "del modo más rotundo y categórico que, efectivamente, la ley 10.542, que primero modifica los arts.

185a 188 del t. o. del decreto-ley 9020/78... después incorpora párrafos alosarts. 7a 11 dela ley 6988 y, por último, sustituye el último párrafo del art. 4° del decreto-ley 11.643/63, ratificado por ley 6736 (t. o. s/ ley 10.446) se adecua con toda precisión y sin mengua de norma constitucional alguna a aquellos enunciados del más alto Tribunal".

Para demostrarlo afirma que dicha ley no desconoce la autenticidad de los documentos que, emanados en la Capital Federal, deban surtir efectos en el territorio provincial y les concede los mismos efectos que hubieran de producir en su ámbito de origen y que, cumplida la exigencia de la autenticidad a que alude el art. 5°del decreto-ley 14.983, gozan de plena fe y crédito en la provincia, de tal manera que sus disposiciones encuadran en un prudente e inatacable ejercicio del poder de policía inmobiliario local toda vez que no se introducen requisitos extraños a la finalidad propia de la inscripción. Tales .

argumentos que, por lo demás, son recogidos del contenido de la sentencia de esta Corte ya recordada, llevan a la provincia demandada a considerar que lo que persigue la actora cuando ataca disposiciones legales hoy privadas de -vigencia, es una declaración abstracta de inconstitucionalidad.

Por último, cuestiona la procedencia de la inconstitucionalidad arguida contra la ley nacional 3510/76 y el decreto del mismo origen 410/80 y niega la legitimación a la actora en relación a los daños y perjuicios reclamados. - - .

Y Considerando:

1) Que esta causa es de la competencia originaria del Tribunal tal como lo destaca la Sra. Procuradora Fiscal en el acápite I de su

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Año: 1988, CSJN Fallos: 311:2599 
Extraido de : https://universojus.com/csjn/tomo-311/pagina-2599